El Gobierno no contaba con que, una semana después de haber logrado blindar con Pere Aragonès la mesa de diálogo a la que tanto Pedro Sánchez como el presidente de la Generalitat han apostado la legislatura, estallara semejante bomba. La detención de Carles Puigdemont, en la noche del jueves, en Cerdeña, podía haber propinado una buena sacudida a la entente entre los socialistas y Esquerra, aliado crucial para los Presupuestos. Daba evidentes alas a Junts, determinado a dinamitar la estrategia de su socio y rival en el Govern. Pero tras un primer momento de inevitables dudas y consultas, la Moncloa transmitió ya este viernes a primera hora su total "tranquilidad".

La prueba de que el arresto del expresidente catalán cogió al Ejecutivo a contrapié está en la propia agenda del presidente, que este viernes volvía a desplazarse a La Palma para gestionar 'in situ' la situación provocada por la erupción del volcán Cumbre Vieja. También en el tiempo que llevó a la Secretaría de Estado de Comunicación reaccionar a la noticia, mientras la mayoría de fuerzas políticas, incluida ERC, hacían sus primeras valoraciones a través de las redes sociales.

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Lo mollar, políticamente hablando, de la intervención del jefe del Ejecutivo fue, sin embargo, su apelación a mantener la hoja de ruta marcada hace menos de diez días en el Palau de la Generalitat. "El mensaje que quiero trasladar es de compromiso y de reivindicación, hoy más si cabe, del diálogo -adujo tras subrayar que la huida de Puigdemont se produjo "con otro Gobierno"- para que los catalanes puedan superar el trauma que representó 2017". El presidente reiteró además que su Ejecutivo respeta y acata todos los procedimientos judiciales que puedan abrirse tanto en España como en la UE.

Presión de Junts

Esa última alusión indirecta a la separación de poderes responde tanto a los reproches de la oposición como a las críticas de Junts, cuya portavoz, Elsa Artadi, advirtió en Onda Cero de que si no se frena la entrega de Puigdemont a España su organización lo interpretará como "un ataque directo del Gobierno al presidente legítimo de la Generalitat, al independentismo y a todos los que buscan una solución dialogada a un conflicto político".

El intento de Sánchez de desmarcarse de la decisión de la justicia italiana tiene, aun así, un pero. Porque fue la Abogacía del Estado la que, en contra del criterio del juez Pablo Llarena, trasladó hace meses al Tribunal General de la Unión Europea que la ejecución de las órdenes de detención contra el expresident había quedado suspendida y la corte comunitaria dio por bueno ese argumento en un auto del pasado 30 de julio que ahora puede resultar determinante.

Si Puigdemont queda en libertad, tras declarar en Cerdeña el próximo 4 de de octubre, como ordenó el juez que este viernes le autorizó a salir de Italia, los reproches de Junts y de la CUP perderán fuerza. De momento, Aragonès advirtió de que lo ocurrido "no ayuda a la resolución del conflicto" pero también eludió dar nada por acabado. Oriol Junqueras también aseguró en La Sexta que no rompería "en ningún caso" la negociación. Y en esas declaraciones ponen el foco en la Moncloa.