El Tribunal de Cuentas decidirá en dos días si embarga a los encausados del 'procés'

Ultimátum del Tribunal de Cuentas a los dirigentes independentistas que están siendo investigados por el presunto desvío de fondos públicos para la internacionalización del proyecto secesionista entre 2011 y 2017. Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y la treintena de exmiembros del Govern y exaltos cargos del Ejecutivo catalán tienen dos días hábiles, hasta el lunes a medianoche, para presentar toda la documentación de la fianza por valor de 5,4 millones que les ha impuesto el órgano fiscalizador de forma provisional. De lo contrario, "procederá a embargarles sus bienes". En realidad, el plazo acababa el jueves, pero todas las partes se han dado más tiempo para salir de dudas.

Cuatro de los 34 encausados presentaron bienes inmuebles como garantía, mientras que el resto se acogieron al aval presentado por el Govern a través del Instituto Catalán de Finanzas. "Los avales ya se han formalizado ante notario y los abogados de los encausados se los hacen llegar al Tribunal de Cuentas", afirmaron desde la Consejería de Economía.

No obstante, el organismo fiscalizador aseguró que la documentación recibida por vía telemática y los escritos presentados solo constituyen "anuncios", pero no iban acompañados por los avales. A lo largo del este viernes los abogados tienen previsto presentar toda la documentación original que se les exige. Las partes habían pedido una prórroga y la delegada instructora del Tribunal de Cuentas lo ha concedido. En cuanto tenga todos los avales sobre la mesa, decidirá si acepta la fórmula de la Generalitat, que consiste en avalar la operación con dinero público a través del Instituto Catalán de Finanzas. Si rechaza esta fórmula, como apuntó el diario 'El País', los encausados tendrán que avalar las fianzas con su propio patrimonio o serán embargados.

La Generalitat afirmó que no ve "ningún motivo" para que Tribunal de Cuentas deniegue el aval del ICF pues parte, a su juicio, de un decreto "sólido jurídicamente". Ciudadanos, en cambio, presentó un recurso a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas para que no lo acepte pues considera que se trata de una "maniobra burda".

Fuentes del organismo señalaron que "no se ha iniciado por el momento ninguna providencia de embargo". Apuntaron además que si lo hiciera, podría admitir fianzas o depósitos más allá del plazo dado inicialmente. El Tribunal de Cuentas aclaró asimismo que tanto las fianzas como los embargos son "medidas cautelares hasta que haya sentencia firme". Es decir, no implican que el afectado pierda los bienes de manera inmediata, como han llegado a decir los líderes independentistas, acusando al ente fiscalizador de dejar a sus hijos sin casa y en la calle. Es una medida cautelar cuyo objetivo es «garantizar» que ante una futura sentencia condenatoria los perjuicios que se han producido en los fondos públicos sean reintegrados. El caso no ha entrado aún en fase judicial tras las instrucción.

El Gobierno catalán decidió el miércoles a última hora, cuando ya expiraba el plazo dado por el Tribunal de Cuentas a los 34 investigados y a la vista de que ninguna entidad privada se mostraba dispuesta a avalarlos, respaldarlos directamente a través del ICO catalán, una entidad dependiente de la Consejería de Economía dedicada a facilitar créditos a las empresas y que podría estar extralimitándose en sus funciones. De momento, el aval no ha conseguido su objetivo (salir al rescate de los encausados) y además ha abierto una crisis entre la Presidencia de la Generalitat, en manos de ERC, y la Consejería de Economía, controlada por Junts. El consejero de Economía se desdijo en solo 24 horas.

Sin banco privado

La Consejería de Economía había creado un fondo público dotado con 10 millones para cubrir el aval que había de presentar una entidad bancaria privada. Pero ningún accedió y el Govern se decantó por hacer a través de un organismo público y con dinero público, cuando la administración catalana aparece en este caso como parte afectada por la presunta malversación de sus arcas.

El independentismo confiaba en una nueva campaña de captación solidaria de fondos, pero en esta ocasión la caja de solidaridad ha obtenido cerca de un millón de euros, muy lejos de los 5,4 millones necesarios. Para las multas del 9-N y del 1-O, la ANC y Òmnium recaudaron cerca de 10 millones. El Govern coge algo de aire con los dos días que ha concedido el ente fiscalizador, pero aún necesitaría más tiempo.

El Gobierno autonómico confía en que el Consejo de Garantías Estatutarias haga público cuanto antes su dictamen sobre la legalidad del fondo creado por la Consejería de Economía. El PSC apuntó a que podría ajustarse a la legalidad. De ser así, la administración catalana tiene esperanzas de encontrar un banco privado que avale la operación. Una entidad financiera, según apuntaron en Junts, que podría ser extranjera. La Moncloa también está a la espera de que resuelva el máximo intérprete del Estatuto catalán antes de decidir si recurre el fondo del Govern.