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El Gobierno descarta usar los recovecos de la ley para indultar ya a Puigdemont

Los socialistas aspiran a que su estrategia y la distinción entre huidos y encarcelados ayude a aumentar las grietas del secesionismo.

Carles Puigdemont
Carles Puigdemont
EP

Entre todo el ruido en contra de los indultos a los doce condenados del 'procés', el Gobierno se agarra a una voz, la de la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie. La sucesora de Jordi Sànchez escribió el pasado jueves un tuit en el que advertía de que, de llegar, la medida de gracia se convertiría en un "inteligente" instrumento contra el independentismo, entre otras cosas, porque dejará fuera a "los exiliados" al tiempo que "desarmará" políticamente al movimiento. La portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, se reafirmó hoy en ese elemento divisivo de la medida. No habrá perdón para Carles Puigdemont. Al menos, no de momento.

La exclusión del expresidente de la Generalitat, refugiado en Waterloo para eludir la acción de la justicia, siempre se ha dado por hecha. Sin embargo, la ley del indulto, de 1870, ofrece un recoveco que el Ejecutivo podría haber explorado. En su exposición de motivos, la norma dice expresamente que, a diferencia de otros procesados, los reos de rebelión y sedición pueden ser indultados aunque se encuentren en rebeldía o no hayan sido aún condenados por sentencia firme . "La naturaleza de los delitos de esta clase, el carácter y condiciones de la sociedad de nuestra época, y aun altas consideraciones de gobierno, demuestran la necesidad de esta excepción", dice el texto.

También en el articulado de la ley, lo realmente determinante, se introducen algunas excepciones al principio general que impide conceder el perdón a quien no haya sido aún juzgado y condenado en firme y que podrían ser interpretadas bajo ese mismo prisma, aunque entre los juristas no hay unanimidad al respecto. El Gobierno, en todo caso, no tiene intención de agarrarse a ese salvaguarda -consustancial al momento histórico en el que se redactó la vetusta ley- para exonerar al principal exponente del ala dura del secesionismo.

"Este señor tiene que ser juzgado, y es un elemento que consideramos importante -argumentó Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros-. No es de recibo que una persona se haya escapado para no hacer frente a la justicia como han tenido que hacer otros protagonistas del 'procés'", dijo. La ministra portavoz aseguró así que confía en que Puigdemont sea extraditado para ser puesto ante el Tribunal Supremo "con todas las garantías procesales".

Caer en el olvido

Algunos en el Gobierno creen que la distinción entre Junqueras o Jordi Sànchez, que llevan ya más de tres años en prisión, y el expresidente catalán, que ha gozado de su libertad todo este tiempo, no solo puede hacer más digerible el controvertido paso que se disponen a dar ante la opinión pública sino que puede ayudar a acrecentar las grietas tanto entre ERC y Junts como dentro de esta formación. Sobre todo, porque desde Bélgica han llegado estos días señales de un cierto temor a caer en el olvido.

Con todo, tanto Puigdemont como otros huidos de la Justicia sí podrían beneficiarse de la política de "concordia" defendida por Sánchez. Montero insistió este martes, de hecho, en que "en paralelo" a la tramitación de los indultos, el Gobierno prevé remitir al Congreso la reforma del Código Penal que rebajará las penas correspondientes al delito de sedición por el que fueron condenados nueve de los doce juzgados por el alto tribunal y por el que, eventualmente, se le castigaría también a él.

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