82 años después
Ese es el tiempo que el Pazo de Meirás ha estado vinculado a Franco y a su familia.
82 años ha sido todo el tiempo que el Pazo de Meirás ha estado vinculado a Franco y a su familia. Demasiado tiempo para muchos hasta que hoy, cuando la enorme llave ha pasado a manos del Estado, y con ella la propiedad, se ha convertido en un espacio de carácter público, al menos de momento.
Símbolo, día histórico, justicia histórica y demás formas magnánimas para describir este día, en el que la escritora Emilia Pardo Bazán, propietaria originaria del inmueble, la que lo ideó y construyó, está más cerca de volver a su casa, considerada centro de la vida cultural española en el siglo XIX.
La Torre de la Quimera, la más alta del Pazo de Meirás donde la escritora Emilia Pardo Bazán tenía su biblioteca, ha acogido, no al azar, el acto formal de entrega del inmueble en el que no ha estado ningún representante de la familia Franco. "Suficiente con que entregaran las llaves", ha dicho a los periodistas la abogada general del Estado, Consuelo Castro Rey.
Desde hoy, que además de ser un "día histórico" se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, el Pazo de Meirás ya forma parte del patrimonio del Estado, pese a la oposición de algunos ciudadanos y con la alegría y celebración de muchos otros, que ven en esta incorporación un triunfo de la democracia y un justo resarcimiento.
De todas formas, los Franco no se irán del pueblo de Meirás porque conservarán la Casa de las Conchas y el hórreo anexo, que no se encuentran en lo reivindicado por la Administración en relación al pazo y su finca por hallarse extramuros.
"¿Me haces una foto? Soy una ciudadana y estoy encantada de la vida", ha dicho esta mañana una señora de mediana edad ante las puertas del pazo, poco antes de que llegara la comitiva judicial para formalizar la entrega del inmueble al Estado.
Una veintena de periodistas flanqueaban entre trípodes y cámaras la entrada al pazo provistos de micros y grabadoras en difícil equilibrio con enormes y coloridos paraguas para resguardarse de la lluvia fina, que no ha cesado en una mañana de emociones encontradas.
Los herederos del dictador creen, y así lo han defendido en el juicio sobre la propiedad del pazo, que es suyo porque fue donado a Francisco Franco, en aquel momento jefe del Estado, mientras que la jueza de A Coruña ha sentenciado que fue al revés, que fue donado al jefe del Estado, que entonces era Franco. Y así hasta hoy.
Coches con la bandera de España han pasado una y otra vez por la carretera que rodea al pazo, algún curioso sorprendido por la cantidad de periodistas se ha apostado en los alrededores a ver qué pasa, pero más han sido los que han reivindicado la propiedad pública y han coreado consignas en contra del franquismo.
Sobre todo, una veintena de militantes nacionalistas que sostenían banderas y una pancarta de varios metros en la que se podía leer, "Que nos devuelvan lo robado: Franquismo nunca más" entre cánticos de "Franquismo hay que ir muriendo" al ritmo de "Guantanamera, Guajira Guantanamera".
Entre ellos se encontraban varios de los denominados 19 de Meirás, denunciados por la familia Franco por ocupar simbólicamente el pazo en agosto de 2017 y que piden el archivo de las actuaciones porque si, después de este fallo judicial sobre el inmueble, los herederos del dictador no son los legítimos propietarios "tampoco tienen legitimidad" para denunciarlos.
También ha acudido a las inmediaciones del pazo Carlos Babío, coautor del libro "Meirás, un pazo, un caudillo, un expolio", que ha lamentado estos últimos 45 años de "connivencia" de las administraciones con la familia Franco desde la muerte del dictador, y ha afeado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que aborde los usos del pazo sin contar con la participación social.
Esos usos, ese nuevo relato para Meirás contará "la verdad" del paso de Franco por el inmueble con perspectiva democrática y reivindicará la figura de la escritora Emilia Pardo Bazán, aunque esta última es la que cuenta con más simpatías, al menos por parte de las autoridades gallegas y de origen gallego.
La gestión del pazo es la otra cuestión a dirimir, ya que el Gobierno ha encargado este tema a Patrimonio Nacional, al menos en el transcurso de esta ejecución provisional, mientras que la Xunta reclama esa tutela para Galicia por ser el pazo un bien pagado por los gallegos y ubicado en su tierra.
Está previsto crear un grupo de trabajo en forma de fundación o consorcio, en el que cada administración participe en el ámbito de sus competencias, que se ocupe de preservar y conservar el lugar hasta que haya sentencia definitiva, pues se espera retomar las visitas al pazo en unas cinco o seis semanas, convertido ya en un "faro de igualdad" que proyecte una "mirada democrática".
