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Nacional

El Congreso refrenda que se pueda titular ESO y Bachillerato sin límite de suspensos

PP, Cs y Vox exigen al Gobierno que rectifique, porque la medida devaluará la educación y creará desigualdades entre alumnos de distintas autonomías.

Isabel Celaá, junto a Yolanda Díaz en el Congreso
Isabel Celaá, junto a Yolanda Díaz en el Congreso
EP

El Congreso convalidó el real decreto-ley que autoriza a las autonomías y a los centros educativos a modificar este curso "de manera excepcional" los criterios de evaluación de todos los niveles de enseñanza de tal modo que los alumnos puedan pasar de curso o titularse en ESO y Bachillerato sin que lo impida el tener materias suspensas o el número de ellas.

Esta reforma impulsada por el Ministerio de Educación autoriza la flexibilización de los criterios de evaluación, promoción y titulación, según justifica el propio decreto, para afrontar la "situación de emergencia" en el sistema educativo provocada por la pandemia de coronavirus, que obliga a muchos alumnos a compaginar docencia presencial con telemática, que causa el cierre temporal de aulas y colegios, y que exige comprimir las enseñanzas a lo esencial. Las modificaciones legales del real decreto estarán vigentes hasta el final del curso en que "dejen de concurrir las circunstancias extraordinarias", sea este u otro posterior.

La ministra de Educación aseguró que es "falso" que el decreto, que salió adelante con el apoyo de PSOE, Podemos y de sus socios nacionalistas, derogue los límites de suspensos que permiten ahora pasar o no de curso o titularse. Isabel Celaá dijo que la reforma lo que hace es autorizar un cambio en los criterios de evaluación para que la promoción o la titulación dependa del logro global por el alumno de los conocimientos y objetivos básicos que debe adquirir en el curso o la etapa -no del trabajo concreto en cada materia-, y para que la decisión sea "colegiada": no la suma del criterio aislado de cada profesor sino el fruto de la valoración conjunta e integrada de todos los docentes del alumno.

Los principales partidos de la oposición, PP, Vox y Ciudadanos, exigieron a Celaá un rectificación completa y reclamaron que su ministerio asuma sus competencias exclusivas en materia de regulación de títulos; que fije de forma concreta, y para todo el territorio nacional, el número de suspensos con que se puede promocionar en cada nivel educativo y con los que se pueden obtener los títulos. En caso contrario, le advirtieron, estará incumpliendo la ley, rebajará -como creen que ya hizo al final del curso pasado con medidas muy similares- el nivel de exigencia de la educación en España, y provocará el aumento de las diferencias entre alumnos de distintas comunidades, según si sus consejeros de Educación y centros fijan criterios más o menos estrictos para las evaluaciones.

De hecho, algunas autonomías, en especial las cinco donde gobierna el PP -Madrid, Murcia, Andalucía, Galicia y Castilla y León-, ya han adelantado que ignorarán parte de las posibilidades que les ofrece el decreto -para no devaluar el nivel de exigencia a sus alumnos-, y que este curso volverán a aplicar los criterios de promoción y titulación que fija la Lomce, la ley educativa vigente. Eso quiere decir que en estos territorios solo se pasará de curso en la ESO con un máximo de tres suspensos, tope que en Bachillerato será de dos. De igual forma, solo se obtendra el título de ESO con un máximo de dos suspensos -siempre que no sean al tiempo Matemáticas y Lengua-, y para graduarse en Bachillerato habrá que tenerlo todo aprobado.

Recurso al Constitucional

El decreto también fue rechazado por varias organizaciones de profesores, en especial por ANPE y CSIF, con argumentos muy similares a los esgrimidos por la oposición parlamentaria. En concreto, CSIF volvió a reclamar la dimisión de Celaá, que asegura que ocultó los cambios que iba a aprobar a los sindicatos de docentes y al conjunto de la comunidad escolar, con quienes no consensuó medida alguna, y anunció que ha pedido al Defensor del Pueblo que recurra el real decreto-ley ante el Tribunal Constitucional y pida su anulación.

El real decreto, además de la flexibilización de las evaluaciones, incluye otra serie de medidas para minimizar los daños de la pandemia en el curso educativo. Entre otras, autoriza a las autonomías de forma excepcional a contratar como profesores interinos de secundaria a docentes sin el máster de profesorado siempre que no tengan más opción; declara los estándares de aprendizaje como "orientativos" para que los centros puedan reducir los currículos a lo esencial; considera días lectivos todas las jornadas en que los alumnos reciban docencia, sea presencial o a distancia; y ofrece alternativas a la realización de las prácticas obligadas en FP.

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