PSOE y Podemos quieren aprobar una reforma exprés el CGPJ esquivando el bloqueo del PP, que anuncia que recurrirá
Han presentado una proposición para rebajar el umbral de los tres quintos de mayoría parlamentaria requerida para la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
La proposición del PSOE y Unidas Podemos para la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) busca que el Congreso y el Senado puedan elegir a los seis vocales que corresponden a cada cámara con mayoría absoluta en segunda votación, 48 horas después de una primera en la que se mantendría la mayoría de tres quintos.
PSOE y Unidas Podemos han registrado este la proposición para sortear el "bloqueo" al que, denuncian, tiene sometido el PP al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que buscará que las Cámaras puedan elegir por mayoría absoluta -en lugar de tres quintos- a doce de los veinte vocales que lo componen.
Los portavoces parlamentarios del PSOE, Adriana Lastra, y de Unidas Podemos, Pablo Echenique, han registrado este martes la propuesta, de la que han dado cuenta en una rueda de prensa conjunta, en la que ambos han defendido la "legitimidad democrática" de su planteamiento, que renovaría la ley orgánica 6/1985 sobre la elección de los vocales correspondientes al "turno judicial".
La Constitución determina que ocho de esos vocales deben ser elegidos entre juristas de reconocida competencia por mayoría de tres quintos del Congreso y del Senado, pero no se pronuncia sobre los doce que las Cortes eligen entre los jueces que se postulan o que proponen las asociaciones representativas.
Es a ese bloque de doce vocales al que afecta la reforma propuesta por el PSOE y Unidas Podemos para eliminar el requisito de mayoría reforzada (que con el reparto actual de escaños implica obligatoriamente el acuerdo del PSOE y el PP) y permitir su elección mediante mayoría absoluta.
Así, la proposición registrada por los dos partidos que conforman el Gobierno de coalición busca que tanto el Congreso como el Senado puedan elegir a los seis vocales de cada Cámara con mayoría absoluta 48 horas después de una primera votación en la que se mantendría la exigencia de tres quintos.
Una reforma que persigue actualizar el CGPJ después de que el PP haya roto "en dos ocasiones" el acuerdo para renovar los vocales, ha reprochado Lastra, que ha dicho al PP que también ellos promovieron en 2013 una reforma "equivalente" y con un objetivo similar.
Según Lastra, con Alberto Ruiz Gallardón como ministro de Justicia, el PP reformó los mismos apartados que ahora buscan cambiar ellos para garantizarse que el CGPJ "seguía funcionando" si una de las dos cámaras no cumplía con "su responsabilidad" en la renovación del órgano.
La socialista ha defendido que, pese a los cambios, la nueva legislación garantizaría "la exigencia de buscar el consenso en parlamentos fragmentados" y ha enfatizado que "obliga a buscar a acuerdos" igualmente a los partidos.
Se establece, ha defendido, una mayoría "viable" con el objetivo de asegurar el buen funcionamiento de las instituciones.
Echenique, por su parte, ha enfatizado que los dos partidos buscan así "proteger al poder judicial" del desprestigio que le causa Casado cuando se opone a los cambios y -ha incidido- lo utiliza "con tácticas partidistas". Porque el actual, ha dicho, "es fruto de una mayoría parlamentaria que ya no existe" y "carece de legitimidad democrática".
La proposición pretende limitar las decisiones que pueda adoptar un CGPJ saliente, cuyos miembros, en una situación de interinidad como la actual, ya no podrían proponer el nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo, de los Presidentes de las Audiencias, de los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional, de los Presidentes de Sala y los Magistrados del Tribunal Supremo o de los Magistrados del Tribunal Constitucional, entre otros cargos.
El PSOE y Unidas Podemos están convencidos de que lograrán apoyo parlamentario a su iniciativa, de la que no han hablado por el momento con los grupos, porque 188 de los 365 diputados refrendaron hace unas semanas una iniciativa que pedía renovar el CGPJ.
De ser así, entienden los partidos del Gobierno de coalición que en un plazo de dos meses podría estar en vigor esta modificación.
Ante el anunciado recurso al Tribunal Constitucional por parte del PP, Lastra ha recordado que la reforma "se hace con la misma intención que en 2013" hizo el PP, "exactamente con los mismos artículos" para evitar el bloqueo de un órgano constitucional.
"Es paradójico que pretender ir al Constitucional por estar bloqueando a aquellos que bloquean un mandato constitucional. Paradojas de la vida a las que el PP nos tiene acostumbrados", han enfatizado la portavoz socialista.
Al proponer el cambio los grupos parlamentarios en lugar del Gobierno, no será necesaria emitir una consulta al Consejo de Estado ni pedir informes, han confirmado ambos portavoces en la rueda de prensa, a diferencia de lo que sucedería si el trámite se hiciese desde el Gobierno.
Una reforma legislativa que busca poder renovar el CGPJ tras dos años de "bloqueo" de este órgano por la negativa del PP a negociar los vocales, según han lamentado los portavoces, que han remarcado a su vez que con este cambio igualmente se mantiene la legitimidad democrática.
Pues, según ha defendido Lastra, se mantiene "la exigencia de buscar el consenso en parlamentos fragmentados y obliga a buscar a acuerdos". Además, la portavoz socialista ha recordado que también el PP cambió la ley en 2013 para favorecer su renovación.
El PP recurrirá
El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado este martes que la reforma de la ley será recurrida por su partido ante el Tribunal Constitucional y ante los tribunales europeos.
Casado, en su perfil de Twitter, ha sostenido que esa apuesta del PSOE y de Unidas Podemos "pretende liquidar la separación de poderes en pleno ataque a la independencia judicial".
Sánchez pretende liquidar la separación de poderes en pleno ataque a la independencia judicial de su vicepresidente investigado. No lo permitiremos: si perpetran este atropello a la legalidad, recurriremos al Tribunal Constitucional y a las Instituciones y Tribunales Europeos.
— Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) October 13, 2020
Ataque que atribuye al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, del que dice que está "investigado" por el "caso Dina".
Éste es un caso que podría asumir el Tribunal Supremo después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón hubiera transmitido a dicha instancia una exposición razonada.
Los populares son esenciales en la renovación de los doce vocales del Consejo General del Poder Judicial, que requiere una mayoría en el Congreso de tres quintos (210 votos).
Los grupos que forman el Gobierno de coalición proponen rebajar ese umbral al de la mayoría absoluta (176 votos) en una hipotética segunda votación.
"No lo permitiremos", proclama Casado en su cuenta de Twitter, pues dicha iniciativa es un "atropello a la legalidad".
