Los plazos parlamentarios llevan al invierno el plan legislativo de Sánchez
Tras superar la paralización de la pandemia, el Gobierno quiere tener unos presupuestos cuanto antes y sacar adelante varias normas que requieren una larga tramitación.
Duro otoño de negociaciones y un invierno de impulso legislativo. Estos son los tiempos que ya maneja el Gobierno para afrontar los próximos meses en el Congreso y superar la paralización de la pandemia, según los plazos parlamentarios.
La prioridad absoluta para el presidente, Pedro Sánchez, es tener unos nuevos presupuestos cuanto antes y aparcar de una vez los del Gobierno del PP y su entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Datan de 2018.
Salvo sorpresa, volverán a prorrogarse el 1 de enero de 2021 porque no habrá ese día cuentas públicas renovadas. El trámite parlamentario, aunque vaya a toda prisa, casi seguro que no llega.
No se acaba el plan del Gobierno con los presupuestos. Las leyes para ir retocando el modelo laboral, la ley del teletrabajo, un nuevo sistema fiscal, la de memoria democrática, la del cambio climático, la de eutanasia... Todas ellas ya están a la espera.
Forman parte del plan normativo que el Ejecutivo avaló el pasado día 8. Diez bloques temáticos (nueve más los presupuestos) destinados a modernizar el país tras la pandemia del coronavirus y la conmoción que ha causado.
Así que el otoño al que se dirige el Congreso promete ser un laberinto de negociaciones. Las mayorías no están claras.
Los presupuestos
Lo primero que tiene que hacer el Gobierno es fijar el techo de gasto, una forma más o menos coloquial para hablar de los objetivos de déficit y de deuda de 2021, 2022 y 2023. Valen para todas las administraciones. Estos límites dibujan el territorio en el que se moverá el dinero público.La ley de estabilidad presupuestaria indica que los tienen que ratificar el Congreso y el Senado después de la aprobación por el Consejo de Ministros.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha ubicado el anuncio en el tramo final de septiembre o en el inicial de octubre.Este paso puede ser un visto y no visto. El Gobierno lo aprueba, lo envía a las Cortes y el Congreso y el Senado lo avalan durante la semana siguiente: un día una Cámara y al siguiente, la otra, por ejemplo.Acto seguido, el Ejecutivo podrá presentar ya su proyecto.
En cuanto lo asuma el Congreso se habilitará un trámite exclusivo que desplaza todos los demás. Se considera que es el plan legislativo más importante, de ahí la licencia.La oposición presentará una enmienda a la totalidad -un veto-, para lo que dispone de quince días, y el pleno tendrá que convocarse para decidir si prospera o si cae. En caso de que ocurra lo segundo, tomará las riendas la Comisión de Presupuestos.
Dos meses suele tardar el proceso antes de que el proyecto llame a las puertas del Senado, donde el trámite, si no triunfa ningún veto, podría durar otro mes.Por tanto, difícil, por no decir imposible, que haya presupuestos antes de final de año.
El plan normativo del Gobierno
La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, compareció hace dos semanas tras el Consejo de Ministros para anunciar que el Gobierno quiere sacar adelante tres leyes orgánicas y 53 leyes ordinarias, entre otras disposiciones legislativas.Casi todas las medidas están aún moldeándose, la más avanzada es la Ley de Memoria Democrática, actualmente un anteproyecto.
Tardará todavía en desembarcar en el Congreso para que los grupos modifiquen el texto durante el debate en la comisión correspondiente, eso siempre y cuando el pleno de la Cámara sortee las previsibles enmiendas a la totalidad que solicitan la devolución.
Un proyecto de ley sigue una tramitación que se resume, muy esquemáticamente, así: superadas las enmiendas a la totalidad, una comisión recibirá el documento, designará una ponencia con los cambios que sugieran los grupos, la comisión votará dichas modificaciones, hará un dictamen final y lo elevará al pleno, que tendrá la última palabra.
Pero luego entrará en juego el Senado. Si la Cámara Alta aprueba un veto o si introduce modificaciones, el texto deberá regresar al Congreso, bien para levantar el veto (lo que requiere mayoría absoluta), o bien para aceptar o rechazar las enmiendas (mayoría simple). En consecuencia: habrá que esperar al invierno de 2021, como pronto.
No obstante, en los cajones del Congreso aguardan un empujón 20 proyectos de ley. Trece son muy coyunturales porque proceden de decretos aprobados para hacer frente al impacto del coronavirus. Van encadenando prórrogas de enmiendas semana a semana, por lo que todo apunta a un largo letargo.Pero el proyecto de ley sobre educación o sobre cambio climático podrían encontrar salida el próximo otoño si reciben el impulso político necesario.
Las propuestas de los grupos
Además de los impulsos legislativos del Gobierno, están las propuestas de los grupos parlamentarios.El periodo de sesiones anterior (febrero-junio) resultó improductivo debido a la pandemia. Es ahora cuando los grupos han abierto el grifo de las proposiciones de ley.
De hecho, antes de que empezara el actual periodo de sesiones (septiembre-diciembre), se contaban las proposiciones pendientes con los dedos de una mano. Entre ellas, la de la eutanasia, del PSOE, una de sus prioridades en el ámbito social.
Fuentes de la dirección socialista cuentan que quieren activar su tramitación parlamentaria cuanto antes, pero aunque las prisas sean el rasgo permanente, no verá la luz hasta el primer trimestre de 2021.Es decir: en invierno.
