CERMI pide que el Estado asuma el coste de las pruebas de covid de discapacitados atendidos en centros sociales
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad subraya que tanto ellos como las personas que les atiuenden son un grupo especialmente expuesto a la enfermedad.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha reclamado este miércoles que el coste de todas las pruebas diagnósticas para detectar contagio por covid-19 de personas con discapacidad atendidas en recursos sociales, así como del personal que les presta apoyo, sea asumido por las respectivas Administraciones, como cuestión de salud pública.
Tal y como ha explicado el Comité, las personas con discapacidad que reciben atención en recursos como residencias, viviendas de apoyo, centros de día y ocupacionales, servicios de atención temprana o de asistencia personal, por citar solo algunos, y los profesionales que prestan sus servicios en los mismos, son un grupo especialmente expuesto a la enfermedad, por lo que es de "interés público sanitario" el que se conozca su situación de salud a través de la realización universal y sin coste de las pruebas diagnósticas del covid-19.
Ahora mismo, el régimen en las comunidades autónomas es, a juicio de la entidad, de "absoluta disparidad". "En unas pocas el coste de estas pruebas corre a cargo de la Administración sanitaria o social competente, pero en la mayor parte de los territorios este debe ser asumido por la organización social que gestiona el recurso, o por la propia persona con discapacidad o su familia", ha precisado la entidad.
Al respecto, el movimiento asociativo de la discapacidad entiende que "en una situación de pandemia, todos los actos sanitarios que contribuyan a la prevención o control de la enfermedad, son asuntos de salud pública de primer orden, por lo que han de recaer necesariamente en las Administraciones, y no en las personas más vulnerables al contagio y al impacto de la enfermedad".
Proyectar el coste en las personas usuarias de estos servicios sociales, es, según el movimiento CERMI, "profundamente injusto, un factor que fragiliza la respuesta a la pandemia, pues muchas personas no podrán hacer frente al gasto que suponen la pruebas y quedarán desprotegidas, ellas y su entorno".
Por ello, el CERMI ha exigido al Estado y a las Comunidades Autónomas que, en el seno del Consejo Interterritorial de Salud y del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, se adopten "con urgencia" sendos acuerdos con criterios uniformes de gratuidad y universalidad de las pruebas diagnósticas en el ámbito de la discapacidad.
