La prohibición de despedir, el principal escollo en la negociación de los ERTE
Los empresarios avisan al Gobierno de que no firmarán un acuerdo que les obligue a mantener al 100% de su plantilla seis meses después de que termine el estado de alarma.
Gobierno y agentes sociales trabajan desde hace más de tres semanas a contrarreloj para lograr un acuerdo para mantener los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor más allá del estado de alarma, un pacto que por el momento se resiste. De hecho, la CEOE emitió este miércoles un comunicado, tras celebrar una reunión de su Comité Ejecutivo, avisando al Ejecutivo de que no firmarán la propuesta que está en estos momentos encima de la mesa, aunque mostró su «voluntad» de seguir negociando. "Su planteamiento actual no cumple los objetivos de necesario apoyo a las empresas", puntualizó la patronal.
El principal escollo es la prohibición de realizar despidos por causas objetivas así como el hecho de tener que mantener el empleo durante seis meses después de que decaiga el estado de alarma, según apuntaron a este periódico fuentes cercanas a la negociación. Otro de los puntos que no ven con buenos ojos desde la patronal es que el Ejecutivo quiere vetar a las empresas que se hayan acogigo a estos expedientes a repartir dividendos entre sus accionistas, así como que se beneficien de estas ventajas las compañías que tienen su sede en paraísos fiscales, dos codiciones que, en cambio, sí satisfacen a los sindicatos.
Pero donde sí se ha logrado un consenso entre las tres partes es en la necesidad de que siga habiendo ERTE por fuerza mayor, al menos hasta final del mes de junio (más concretamente, hasta que termine la fase 3 de la desescalada, según la propuesta del Ministerio de Trabajo), e incluso llegado el momento poder volver a renegociarlos, ya que tanto los sindicatos como los empresarios apuestan por que se mantengan hasta final de año al menos en determinados sectores y empresas. En este sentido, también se ha pactado que se puedan usar todos los expedientes de forma escalonada, es decir, recuperando trabajadores conforme se recupere la actividad, que era otra de las reinvidicaciones de la patronal.
Además, el Gobierno ha accedido a la petición de los agentes sociales de que también se exoneren del pago de las cotizaciones sociales a los ERTE por causas productivas y económicas derivados del coronavirus y que se puedan transformar automáticamente los de fuerza mayor.
