coronavirus
La Fiscalía investiga al menos 38 residencias de ancianos en ocho comunidades
La mitad se encuentran en la Comunidad de Madrid y los órganos territoriales han abierto otras 124 diligencias en el ámbito civil.
La fiscalías territoriales tienen abiertas al menos 38 investigaciones penales a otras tantas residencias de mayores en ocho comunidades autónomas por la gestión de la pandemia del coronavirus, según confirmó ayer el Ministerio Público. Además, los órganos estudian otras 124 diligencias dentro del ámbito civil sobre la protección de los derechos de los pacientes.
Los datos ofrecidos por la Fiscalía General del Estado, responsable de canalizar estas pesquisas, no dibujan «una foto fija» respecto a las investigaciones a los centros de mayores, tanto públicos como privados, un sector especialmente golpeado por la crisis sanitaria. La razón es que las cifras puede ser mayores porque provienen de las fiscalías provinciales, que a su vez remiten la información a las Superiores y éstas a la Fiscalía General, por lo que es posible que se hayan abierto nuevas diligencias y no se haya recibido dicha información hasta el día de ayer.
Por este motivo, el departamento dirigido por Dolores Delgado se ha comprometido a actualizar los datos existentes el próximo martes.
Por comunidades autónomas, el Ministerio Público ha "constatado abiertas" 38 investigaciones penales, entre ellas 19 a residencias de la Comunidad de Madrid; siete de Cataluña; cinco de Castilla-La Mancha; dos de Castilla y León y de Murcia; y una de Canarias, la Comunidad Valenciana y Cantabria.
Fuentes fiscales precisaron que se investigan conductas que pueden encajar en tipos penales como homicidio imprudente, abandono de personas incapaces o maltrato, si bien aún no se pueden concretar porque generalmente se investigan hechos y finalmente se califican en la querella que se remitirá al juzgado territorial competente.
Se sabe que solo el Defensor del Paciente ha presentado más de 200 denuncias por fallecimientos de mayores en residencias, en las que piden investigar si se ha podido cometer un delito de omisión del deber de auxilio, entre otros. Se trata de personas que no han sido derivadas a hospitales, no se les hizo la prueba, no se les facilitó asistencia sanitaria y tampoco se permitió a sus familiares que se los llevasen a casa.
En la Comunidad de Madrid, que acumula el mayor número de residencias investigadas, fuentes fiscales precisaron ayer que las diligencias suelen abrirse a raíz de denuncias de familiares de los residentes o de instituciones como el Defensor del Pueblo.
Tres centros privados
El último centro en incorporarse a la lista de investigados es una residencia de la provincia de Barcelona, donde en las últimas semanas han muerto unos cuarenta mayores. El centro, Residencial Palau, era uno de los geriátricos que estaba siendo objeto de seguimiento por parte del Ministerio Público en unas diligencias abiertas por la vía civil, pero ante posibles indicios de delito se decidieron transformar en una investigación penal.
Este geriátrico privado de tres plantas cuenta con 104 personas ingresadas y la mitad han dado positivo por la Covid-19, mientras que 17 de los 64 trabajadores también están contagiados.
Otros dos centros de la provincia de Barcelona también estaban en el ojo de la Fiscalía, en concreto los de Capellades y Olesa de Montserrat, que acumulaban más de una veintena de fallecidos a finales de marzo. Ambos centros privados están cercanos al brote de Igualada, que obligó a confinar a la población antes del estado de alarma.
Las pesquisas del Ministerio Público tiene un plazo limitado para su instrucción y en caso de ver indicios de delito se judicializará cada caso con la interposición de una querella.
