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Nacional

Justicia investigará el número de enterramientos ante el desfase en la cifra de muertos por coronavirus

Pide datos a los registros civiles tras comprobar que ninguna comunidad autónoma contabiliza como víctima de Covid-19 a casos sospechosos.

Fábrica de ataúdes en Barcelona

Al Ministerio de Justicia no le cuadran las cifras de muertos por coronavirus en España y por eso ha decidido tomar cartas en el asunto. El departamento del ministro Juan Carlos Campo ha enviado una instrucción a los registros civiles de toda España para que ayuden a realizar una contabilidad real del número de fallecidos.

En concreto, Justicia pide a los registros que envíen al ministerio todos los días "una relación en la que conste el número de defunciones a las que ha tenido acceso al Registro, número de licencias de enterramiento que se han concedido y el lugar de la defunción, especificando la localidad, y también si la misma se ha producido en un hospital, residencia o vivienda habitual".

Es decir, el ministerio no se fía del modelo actual, que se basa en un documento que envió el departamento de Sanidad a las comunidades autónomas al principio de la crisis en el que requería que se contabilizaran solo los casos confirmados por coronavirus, no los sospechosos o los probables. Teniendo en cuenta la falta de pruebas diagnósticas para conocer si los fallecidos lo habían sido a causa del Covid-19, la cifra real de decesos será con toda seguridad muy superior a la oficial, que este martes se elevaba hasta 13.798.

En Justicia no esconden su incredulidad hacia los datos de fallecidos que cada mañana hacen públicos los representantes de Sanidad. Así, en su escrito, fechado el pasado sábado, 4 de abril, el ministerio dirigido por Campo argumenta la importancia de la colaboración de los registros porque "es la única forma de poder ofrecer a los ciudadanos una información veraz, contrastada y lo más objetiva posible que permitirá también a las autoridades sanitarias poner el foco en aquellos lugares donde los índices de mortalidad se han visto incrementados".

Aunque desde el inicio de la crisis del coronavirus existieron muchas dudas sobre las cifras oficiales de fallecidos (no solo en España, sino en el resto de los países azotados por la pandemia), las sospechas se han concretado al aparecer los datos de defunciones en determinadas provincias y comunidades autónomas. Así, en Ciudad Real, en marzo de 2020 se registraron 1.163 fallecimientos, cuando en el mismo mes de 2019 el número de finados fue de 470. De esas 1.163 muertes sólo 357 se relacionaron directamente con el coronavirus si bien se contabilizaron 495 como "sospechosas". En el conjunto de Castilla-La Mancha, en marzo de este año hubo 3.319 fallecimientos -1.691 en el mismo mes de 2019-, de los cuales 965 se confirmaron como causados por el Covid-19, aunque otros 956 se catalogaron como "sospechosos" de haber sido provocados por el virus.

Sin forenses ni juzgados

El presidente del Tribunal Superior de Castilla-La Mancha ha reconocido la incapacidad de los servicios sanitarios para averiguar cuántas muertes han sido causadas por el virus, en sendos escritos al Servicio de Salud de la región (SESCAM) y a los colegios de médicos de esta comunidad. En ellos alertan de la imposibilidad de intervención de los médicos forenses y de las autoridades judiciales de los juzgados de Instrucción en los levantamientos de cadáveres donde no haya indicios de muerte violenta, lo que impide la realización de autopsias, "y para evitar riesgos graves ante la sospecha de coronavirus".

Una situación similar ha ocurrido en Castilla y León, donde la Junta no había contabilizado a cientos de muertos en geriátricos por coronavirus, o en Madrid, donde el Gobierno regional dejó de sumar los fallecidos en residencias de mayores el 26 de marzo.

"Esto es muy serio y no jugamos a engañarnos", dijo este martes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, aunque no zanjó las dudas sobre si la cifra real de fallecidos es superior a la oficial. Se limitó a decir que "España tiene una definición clara y de las más exigentes de Europa sobre este asunto: un fallecido por coronavirus es aquel que ha dado positivo". También reveló que ha hablado con el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, que le trasladó que sus números son "conformes a esta definición y correctos". Y añadió que son todas las comunidades autónomas las que "proporcionan datos conforme a esta definición de caso".

Por su parte, la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, también entró en el asunto al pedir al Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por el socialista Emiliano García-Page, que aclare el desfase "para tranquilidad de todos los ciudadanos". Recordó al respecto que son las propias comunidades las que se encargan de recabar las informaciones sobre los fallecimientos. "Son datos puntuales que sería bueno y conveniente preguntarle al Gobierno regional", agregó.

Pero sus explicaciones no convencieron al PP y Vox, que cuestionaron las cifras y pidieron explicaciones en el Congreso.

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