El Poder Judicial se prepara para un aluvión de casos en juzgados tras la alarma
El objetivo es agilizar la resolución de los asuntos cuya demora puede incidir más negativamente en la recuperación económica y en la atención a los colectivos más vulnerables.
El Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia han comenzado a elaborar planes de choque para reforzar los juzgados cuando se levante el estado de alarma y se reanude la actividad y se espera un importante incremento de casos por despidos, ERTE, concursos e impagos.
El objetivo, destaca el CGPJ en un comunicado tras reunirse su comisión permanente este jueves, es evitar el colapso de la administración de Justicia y agilizar la resolución de los asuntos cuya demora puede incidir más negativamente en la recuperación económica y en la atención a los colectivos más vulnerables.
Cuando se levante el estado de alarma, explica el CGPJ, se producirá una situación "inédita y excepcional" en los juzgados ante la reanudación de la actividad suspendida, la incoación de nuevos asuntos que están "en espera" en los despachos de abogados y el incremento de la litigiosidad derivada de la propia emergencia sanitaria y del impacto de las medidas adoptadas.
Como ejemplos, cita despidos, ERE, ERTE, procedimientos de Seguridad Social, concursos de persona física y jurídica, impagos, desahucios, procedimientos de familia o sanciones impuestas por el confinamiento.
La comisión permanente ha acordado constituir un grupo de trabajo por cada orden jurisdiccional para estudiar medidas, desde el convencimiento de que serán necesarias tanto reformas procesales como ajustes organizativos y refuerzos de plantillas.
Un plan de choque que deberá diseñarse de forma coordinada, también con el Ministerio de Justicia y con las comunidades autónomas con competencias transferidas.
Hace dos días el Ministerio de Justicia avanzó que se pondrá en marcha un plan de agilización de la jurisdicción social y contenciosa y de los juzgados de lo mercantil tras el estado de alarma, consensuado con el CGPJ, la Fiscalía, las comunidades autónomas y la abogacía.
El real decreto en el que se aprobaron medidas urgentes complementarias de carácter social y económico para hacer frente a la pandemia obliga al Ejecutivo a aprobar medidas de agilización procesal para contribuir a la recuperación y da quince días para diseñar un plan tras el levantamiento del estado de alarma.
El decreto se centró en las jurisdicciones y los juzgados que previsiblemente tendrán más sobrecarga ante el parón de la actividad económica que ha supuesto el confinamiento.
