Gobierno y agentes sociales empezarán este viernes a modificar la reforma laboral de Rajoy

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado este jueves que este viernes arrancará la negociación con los agentes sociales para reformar los aspectos más lesivos de la reforma laboral.

En concreto, el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, se reunirá este viernes con representantes de los agentes sociales (CC. OO., UGT, CEOE y Cepyme) en la que será una primera reunión técnica para empezar a modificar la reforma laboral que aprobó el anterior Gobierno de Mariano Rajoy en 2012.

Desde mañana mismo se empezarán a dialogar los elementos de más urgencia y se trabajará así para dar "más voz" a la negociación colectiva y para abordar elementos de la subcontratación. La ministra ha reiterado que la derogación de la reforma laboral se realizará en dos fases y que esta primera iniciará mañana para luego, más adelante, dar paso a otra más intensa sobre contratación o despido, entre otras.

"No vamos a anticipar debates, hay causas de despido que atienden a razones y motivaciones que operan en el mundo de trabajo, pero no voy a anticipar nada, aunque lo que sí digo es que se va a plantear una vez arranquemos y frenemos la parte más urgente y lo que requiere mayor atención", ha remarcado.

Preguntada sobre la desindexación de los contratos públicos, Díaz ha apuntado que este es un planteamiento que se ha realizado en todas las conversaciones con los agentes sociales, tanto patronales como sindicatos, y creen que esto debe ser así, aunque ha afirmado que más adelante transmitirá su posición. 

Acerca de cuándo se derogará el artículo 52 apartado 'd' del Estatuto de los Trabajadores que permite el despido por bajas encadenadas, ha señalado que falta algún informe y que no irá al próximo Consejo de Ministros del martes porque se deben cumplir con los trámites de carácter administrativo.

La titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social ha dejado claro que la derogación de este artículo no se va a someter al diálogo social, porque, según Díaz, "sencillamente no se puede dialogar cuando hay vulneración de derechos fundamentales".

La intención declarada del Ejecutivo, recogida en el acuerdo programático, es la de derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012 para recuperar los derechos "arrebatados", como la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad y las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo.

Otro punto de la reforma laboral que está previsto derogar es la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales y la modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa, entre otros.

Nuevo estatuto de los trabajadores

Las mesas de trabajo que se formarán de los agentes sociales en el marco del diálogo tripartito también tendrán que abordar la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, aunque las principales organizaciones sindicales han dejado claro que previa a esta modificación se deben derogar las reformas laborales y volver a la situación anterior.

En materia de contratación, el acuerdo programático recogía limitar la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa y revisar el mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, orientándolo a descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves.

Igualmente, el PSOE y Unidas Podemos se comprometieron a impulsar las opciones posibles para reducir la dualidad, favoreciendo el uso del contrato fijo discontinuo para actividades cíclicas y estacionales, y se revisarán las causas del despido.

Estas medidas se acometerán el paralelo a un impulso de la lucha contra el fraude laboral y a la mejora de la efectividad y la eficiencia de las políticas activas de empleo y la simplificación del sistema de protección por desempleo.