Sánchez no descarta ahora reformar el Código Penal para rebajar las penas por sedición
El presidente del Gobierno está dispuesto a desplazarse a Barcelona para reunirse con Torra en la primera semana de febrero
Pedro Sánchez no descarta acometer una reforma del Código Penal, pero no como prometió en campaña electoral para volver a introducir el delito de celebración de referendos ilegales, sino para rebajar las penas correspondientes al delito de sedición por el que fueron condenados, entre otros, el líder de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras.
El jefe del Ejecutivo dejó abierta esa posibilidad este lunes por la noche en TVE, en su primera entrevista desde que fue investido gracias a la abstención de la formación independentista. "Hay que ir paso a paso", dijo ante una pregunta expresa sobre esta cuestión. "Esta crisis ha demostrado que tenemos un Código Penal que no se corresponde con la época que le ha tocado vivir a España y que -añadió, en alusión a lo que se ha puesto de manifiesto con las euroódenes contra Carles Puigdemont y otros procesados que se encuentran huidos- no tenemos delitos homologables a otros países europeos".
En caso de que, efectivamente, se llevara a cabo una reforma en la dirección mencionada, los reos del 'procés' se verían afectados de manera positiva puesto que en derecho existe un principio de "favorabilidad penal" que obliga a aplicar la normativa más beneficiosa a imputados, acusados o condenados. El asunto estará, casi con toda probabilidad, encima de la mesa cuando se ponga en marcha la comisión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat pactada con Esquerra.
Lo que ya está claro es que ese foro no se reunirá antes de que acabe el mes, es decir, quince días después de la formación del Gobierno, como quedaba establecido en el acuerdo de investidura. Sánchez achacó el incumplimiento a la falta de unanimidad en el seno del Ejecutivo catalán y recordó que Quim Torra ha pedido celebrar primero un encuentro a dos, que él ahora está "encantado" de aceptar.
Gesto de distensión
El jefe del Ejecutivo, que durante dos meses y especialmente en vísperas del 10-N, se negó a coger el teléfono al presidente de la Generalitat, anunció, de hecho, que le propondrá verse en la primera semana de febrero y no en el palacio de la Moncloa sino en Barcelona, como gesto de distensión. También añadió, en un intento de evitar críticas y agravios, que es algo que está dispuesto a hacer con todos los presidentes autonómicos: desplazarse a las sedes de sus gobiernos en una ronda de contactos que abrirá en los próximos meses.
En cuanto a la eventual consulta también pactada con Esquerra, el líder del PSOE subrayó que lo que desea es que se vote "un acuerdo" y que "en ningún caso" ese acuedo puede ser sobre cuestiones que "dividan" a los catalanes. "Nosotros -remarcó- defendemos el autonomismo". "En el marco del título VIII de la Constitución podemos encontrar la solución a la crisis política catalana", dijo tras expresar su deseo de que el independentismo abandone la vía unilateral.
Sánchez también aprovechó para matizar sus declaraciones sobre la necesidad de "desjudicializar" la gestión del "conflicto" y aseguró que no se trata de no aplicar la ley. "Estaría prevaricando", alegó. "Hay que devolver a la política lo que es político -añadió- y no podemos escondernos detrás del Tribunal Supremo, lo que además supone someterle a una presión enorme, para dar una respuesta política que el tribunal no puede dar".
Los presupuestos, antes de que acabe el verano
Al margen de Cataluña, el jefe del Ejecutivo se refirió a otras cuestiones como los Presupuestos Generales del Estado, que dijo querer tener aprobados "antes de que finalice el verano", un plazo mucho más largo del que se había anunciado inicialmente y que casi solaparía las cuentas de este año con el proyecto para 2021. En la entrevista, Sánchez recalcó que su Gobierno pretende derogar los aspectos "más lesivos" de la reforma laboral, al tiempo que abogó por acabar la legislatura con una cuantía del salario mínimo equivalente al 60% del sueldo medio, si bien deberán ser los agentes sociales los que marquen los ritmos.
No obstante, para Sánchez es esencial que haya nuevos presupuestos públicos porque las cuentas, todavía en vigor, fueron aprobadas por Cristóbal Montoro para el ejercicio de 2018. "Los necesitamos", enfatizó antes de pedir a la oposición que no bloquee el funcionamiento del Estado democrático.
El presidente del Gobierno, en esta línea, abogó por la actualización del Pacto de Toledo sobre el futuro de las pensiones. "Vamos a pedir el apoyo de todas las fuerzas", aseguró.
Sobre la subida de salario de los funcionarios, que beneficiará a 2,5 millones de trabajadores, Sánchez subrayó que este incremento es "de justicia" porque los empleados públicos vieron recortados sus salarios durante la crisis. La intención del Ejecutivo es que esa subida salarial tenga efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año, con lo que ya se percibiría en la nómina de este mes.
