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Sánchez e Iglesias, unidos por la fiscalidad pero más distantes en lo laboral

El PSOE plantea llegar a los 1.200 euros aproximadamente en 2023 de SMI y Podemos pide avanzar hasta los 1.000 euros ya en 2020.

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, este martes, durante la firma del acuerdo.
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, este martes, durante la firma del acuerdo.
EFE / Paco Campos

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias afrontarían un futuro Gobierno de coalición unidos por sus políticas en materia fiscal, ya que ambos han abogado en sus programas por subir los impuestos a las grandes empresas y patrimonios, mientras que en materia laboral es donde se vislumbra el mayor escollo.

La gran batalla de Unidas Podemos es derogar la reforma laboral del PP y devolver la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, frente a un PSOE que ha ido diluyendo su promesa de abolir los aspectos más lesivos de la reforma de 2012 y que prefiere recuperar la vigencia del convenio sectorial solo en contadas excepciones, como en el caso de las subcontratas.

El restablecimiento de la ultraactividad para que los convenios tengan o no vigencia ilimitada cuando lleguen a su fin es otra de las diferencias que habrá que limar.

Pese a todo, consolidar el crecimiento y la creación de empleo y combatir la precariedad del mercado laboral para garantizar trabajo digno, estable y de calidad aparece como el primer punto del preacuerdo firmado por ambos líderes este martes.

Tanto PSOE como Unidas Podemos han prometido subir el salario mínimo interprofesional (SMI) de forma progresiva en los próximos cuatro años desde los 900 euros actuales, si bien el PSOE plantea llegar a los 1.200 euros aproximadamente en 2023 y Podemos pide avanzar hasta los 1.000 euros ya en 2020.

Sánchez e Iglesias también coinciden en que aumentarán las pensiones mínimas y en que ligarán la revalorización de las pensiones al "coste de la vida", aunque en el preacuerdo para el Gobierno de coalición no hay referencia alguna a la inflación.

En materia impositiva se dan las mayores similitudes, tal como ya quedó reflejado en el acuerdo para los Presupuestos de 2019 con el establecimiento de un tipo mínimo del 15 % en el Impuesto de Sociedades para las grandes compañías, que sería del 18 % para la banca y las empresas de hidrocarburos.

La subida del Impuesto de Patrimonio o la creación de un nuevo impuesto a las grandes fortunas, la rebaja del tipo general de sociedades al 23 % para empresas con facturación inferior a 1 millón de euros, un impuesto a las transacciones financieras o la rebaja del IVA a productos de primera necesidad son otras medidas que ambos grupos comparten.

Habrá que ver si el PSOE retoma también el pacto que hicieron con Podemos para subir el IRPF a las rentas de más de 130.000 euros anuales.

La "justicia social y el equilibro presupuestario" es el décimo punto del preacuerdo Sánchez-Iglesias, que propone una "reforma fiscal justa y progresiva", que "elimine privilegios fiscales" y que se conjugue con el cumplimiento de los compromisos de déficit público.

En este sentido, Unidas Podemos siempre ha apostado por una senda de déficit marcada no por la austeridad sino por el equilibrio con el gasto, lo que puede chocar con el compromiso fiscal firme con Bruselas del que el PSOE ha hecho gala en todo momento.

Modificar la regla de gasto para adecuar la distribución de los recursos públicos entre los distintos niveles de la Administración y modificar el sistema de financiación autonómica y de entidades locales son medidas de ambos partidos.

En materia de vivienda la coincidencia es casi absoluta ya que bajo el lema "la vivienda como derecho y no como mera mercancía", ambas formaciones apuestan por crear un parque público de viviendas sociales y por la rehabilitación energética.

El programa del PSOE contemplaba llegar a las 20.000 viviendas sociales de alquiler en cuatro años para determinados niveles de renta y establecer la renta básica de emancipación para el alquiler de vivienda para jóvenes con ingresos bajos.

Unidas Podemos apoya ayudas públicas para rehabilitar hasta medio millón de pisos al año con una "ley de tejados" que impulsaría además el autoconsumo energético en las comunidades de vecinos.

Ambas formaciones comparten la idea de pinchar la burbuja del precio del alquiler.

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