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Llarena responde a Reino Unido que la desobediencia de Pontasí provocó "actos violentos"
El juez del Supremo remite información complementaria sobre el exconsejera tras la negativa a su detención por la euroorden.
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la 'causa del procés', remitió este viernes nueva información a las autoridades policiales de Reino Unido sobre los hechos que le imputa a Clara Ponsatí, la exconsejera de Educación de la Generalitat procesada en rebeldía.
Tal y como había reclamado la oficina británica de Sirene (el sistema europeo de cooperación policial), que el miércoles rechazó incluir a Ponsatí en el fichero de detención ante la falta de argumentos sobre el delito de sedición en la euroorden, el magistrado envió dos folios con más datos.
En concreto, detalló que la exconsejera desobedeció de forma consciente y reiterada las resoluciones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
Afirmó Llarena que el día 29 de septiembre, siendo la máxima responsable de la Consejería de Educación, "dio instrucciones para ceder el uso de los centros de enseñanza de Cataluña con objeto de que fueran utilizados como colegios electorales para la consulta".
Lo hizo, añadió el juez, "con pleno conocimiento" del incumplimiento de resoluciones del Constitucional y a sabiendas de que el TSJC ordenó a los agentes policiales que procedieran al cierre de los centros de votación. El 28 de septiembre, recoge, los mandos de los Mossos d'Esquadra advirtieron al Govern de que habría una "escalada de la violencia con brotes importantes de enfrentamientos el 1-O, como al final ocurrió".
En definitiva, remata el juez, Ponsatí desobedeció las resoluciones y los requerimientos del Constitucional y del TSJC y "realizó las acciones anteriormente descritas pese a conocer la ilegalidad y la nulidad del proceso, que finalmente desembocó en actos violentos". «Todo ello con el objetivo de conseguir la alteración del orden legal y constitucional vigente», afirma el escrito de Llarena.
