Libertad sin cargos para el exnovio de la trabajadora de Iveco que se suicidó tras la difusión de un vídeo sexual
Supuestamente habría difundido el vídeo hace alrededor de un mes. Un juez ha abierto una investigación.
El presunto autor de la difusión del vídeo con imágenes íntimas de una mujer empleada de Iveco que posteriormente se suicidó ha quedado en libertad sin cargos después de haberse entregado esta tarde y haber prestado declaración en la Jefatura Superior de Policía de Madrid, han informado fuentes policiales.
El hombre se ha entregado a las 16.00 horas en un cuartel de la Guardia Civil de Mejorada del Campo y posteriormente ha sido trasladado ante la Brigada Central de Investigación Tecnológica de la Jefatura Superior de Policía Nacional.
La ex pareja de Verónica, considerado el principal sospechoso de haber difundido el vídeo de su expareja, ha quedado en libertad sin cargos después de prestar declaración ante los agentes, aunque no estaba detenido.
El Juzgado de Instrucción número 5 de Alcalá de Henares abrió este jueves unas diligencias para investigar la difusión de un vídeo sexual de la trabajadora de la fábrica de Iveco.
La jueza ha tomado esa decisión una vez que la Policía le ha remitido el atestado con las diligencias realizadas hasta este momento.
La mujer, de 32 años, se suicidó el pasado sábado después de que un vídeo grabado hace cinco años se difundiese entre gran parte de la plantilla de su empresa. La jueza que se encargó del levantamiento del cadáver es la misma que ahora investigue el caso.
Fuentes de la investigación han confirmado que la difusión del vídeo comenzó hace alrededor de un mes, no una semana, como se había apuntado inicialmente. El presunto responsable es un hombre, compañero de trabajo, con el que la víctima tuvo algún tipo de relación sentimental en el pasado.
La Policía ya estaba investigando quién inició y quiénes colaboraron en los envíos entre numerosos empleados de la empresa Iveco de San Fernando de Henares (Madrid) y ahora toma declaración a este sospechoso.
Con el caso judicializado, se investigarán posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos. La jueza ha decretado el secreto de las actuaciones. El Código Penal castiga con entre tres meses y un año de cárcel la difusión de imágenes privadas sin autorización de la persona afectada cuando se viole gravemente su intimidad y aunque la víctima diera en su día su consentimiento a la grabación.
Fuentes cercanas al caso informaron de que no existe un solo vídeo, sino cinco grabaciones de contenido íntimo y cuya divulgación empezó desde "dentro de la propia empresa".
Según explicó CGT Iveco cuando se conoció la noticia, los vídeos fueron grabados hace cinco años y, al ser compartidos entre los compañeros, la afectada se dirigió a Recursos Humanos de la empresa para explicar la situación; este departamento le aconsejó denunciar los hechos pero ella rehusó hacerlo.
