¿Un privilegio o una necesidad?

Pedro Sánchez propone realizar una reforma exprés de la Constitución para acabar con los aforamientos de los diputados nacionales, senadores y ministros. Intenta recuperar así la iniciativa. Pero más allá de la audacia política que evidencia el anuncio, el aforamiento debe ser valorado sin prejuicios para decidir si su desaparición mejorará o no la calidad de la democracia española.

El presidente ha lanzado un órdago con el objetivo de detener su descrédito y el de su Gobierno después de sufrir la semana más dura en sus tres meses de gestión. Sabe que tiene pocas opciones de acabar con los aforamientos por su debilidad parlamentaria. Pero es una iniciativa con muchas ventajas para él: le sitúa al frente de la regeneración política, le arrebata este papel a Ciudadanos, presiona al PP para decidir si se suma al proyecto, es una medida muy popular, le sirve para acorralar a Pablo Casado por su máster y, también, para reafirmar su compromiso con su socio, Podemos.

Desde el punto de vista jurídico, el aforamiento es una institución prácticamente desconocida en otros países occidentales. Para la ciudadanía, transmite la imagen de que la Justicia no es igual para todos y de que los políticos gozan de un estatuto jurídico ‘privilegiado’. De cualquier forma, cuando de modificar la Carta Magna se trata, conviene actuar sin prisas. Desde luego que, como cualquier otra institución de nuestro ordenamiento, puede someterse a discusión, pero siempre valorando cuidadosamente y sin prejuicios los fundamentos. Parece claro que demasiadas personas disfrutan de esta excepción sin necesitarlo para desempeñar su función o tarea. En todo caso, convendría tener presente que una cosa es discutir la lista de aforados y otra distinta la pertinencia de la institución. Además, si así se pactase finalmente, debería adoptarse en el marco de un proyecto de regeneración democrática y de reformas constitucionales más amplio.