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Corrupción

El presidente de Adif, este lunes ante el juez como investigado en el caso Lezo

Comparece como investigado por la supuesta compra fraudulenta de Inassa.

Efe. Madrid Actualizada 14/01/2018 a las 12:51
Juan Bravo, presidente de Adif.José Miguel Marco

Juan Bravo, presidente de ADIF y exconsejero de Hacienda en el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, comparece este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea como investigado en Lezo por la supuesta compra fraudulenta de Inassa, filial colombiana del Canal de Isabel II.

También este lunes declararán el consejero de Presidencia con Joaquín Leguina y expresidente del Canal, Agapito Ramos; los que fueran altos cargos en el Ayuntamiento de Madrid con Ruiz-Gallardón de alcalde -Roberto Sanz Pinacho (exedil de Medio Ambiente) y Adriano García-Loygorri (exdirector general de Deportes)- y Miguel Ángel Saldaña.

Todos ellos, incluido Bravo, eran miembros del Consejo de Administración del Canal en 2001, cuando se produjo la compra.

Esta nueva ronda de declaraciones en Lezo por la compra de Inassa arrancó la pasada semana con la comparecencia como investigado del que fuera consejero de Medio Ambiente y presidente del Canal, Pedro Calvo, quien negó irregularidad alguna en la adquisición de la filial y dijo desconocer el grado de conocimiento de Ruiz-Gallardón sobre esta operación.

El que fuera presidente de la Comunidad de Madrid, alcalde de la capital y ministro de Justicia está desde hace meses bajo la lupa de la Fiscalía, a cuya instancia el juez ha pedido a la Comunidad que identifique a los miembros del Gobierno regional que firmaron el contrato de compra de Inassa (entre ellos estaban Gallardón y Bravo), como paso previo a su posible imputación.

Con estas diligencias, el juez De Egea pretende "impulsar" la investigación por la que fue a prisión el expresidente madrileño Ignacio González, que todavía se encuentra "en una fase muy incipiente".

Según Anticorrupción, la operación de compra del 75% de Inassa por 73 millones de dólares se hizo mediante Canal Extensia, pero no se adquirió directamente a Inassa sino a través de una empresa interpuesta, la panameña Sociedad Aguas de América.

Una operación que para la Fiscalía adoleció de "un cúmulo de irregularidades cometidas durante todo el proceso de adquisición por el ente público", que se centraron principalmente "en la forma en que se planificó y ejecutó la adquisición de la sociedad Inassa, así como en la determinación del precio de compra y restantes condiciones estipuladas en el contrato".

Hay además "claros indicios de que pudo haber una sobrevaloración del precio de compraventa y unas condiciones contractuales claramente perjudiciales para el comprador y, por ende, para los intereses públicos por los que Canal de Isabel II debió velar".

La operación la aprobó el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el 29 de noviembre de 2001, pese a tener un dossier desaconsejando la compra de la colombiana a través de la sociedad de Panamá.





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