Puigdemont se marcha a Bélgica mientras la Fiscalía formaliza la querella contra su 'Govern'

De buena mañana, Carles Puigdemont y cinco de sus exconsejeros pusieron rumbo por carretera a Marsella. Desde la ciudad francesa volaron a Bruselas. El domingo, el secretario de Estado belga de Migración había ofrecido asilo en su país al expresidente de la Generalitat. Para muchos, blanco y en botella, se había fugado para asilarse en ese país. Una conclusión increíble que con el paso de las horas se hizo creíble, sobre todo cuando se supo que había contratado los servicios del abogado Paul Beckaert, defensor de miembros de ETA detenidos en ese país y que logró evitar la extradición de algunos de ellos; por ejemplo, Natividad Jauregui el año pasado.

Puigdemont quería despistar y a primera hora de la mañana publicó en su cuenta de Instagram una fotografía con un escueto "bon día", en la que se veía parte de la fachada del Palau de la Generalitat y el cielo de Barcelona. Una forma de sugerir que estaba en su despacho. El engaño duró el medio minuto que se tardó en comprobar que no estaba. ¿Dónde estaba? La pregunta iba de boca en boca sin respuesta hasta que poco después de que el fiscal general anunciara a las 12.30 que presentaba una querella por rebelión y sedición contra el expresidente catalán saltó la información de que estaba en Bruselas.

El presidente de la Generalitat durante un año y diez meses fue visto en público por última vez el domingo por la tarde en el estadio Montilivi de Girona, donde su equipo derrotó al Real Madrid. Antes, se había paseado por las calles con su esposa, Marcela Topor, estuvo de vinos, de charla con los vecinos y siempre sonriente. Pero en su cabeza bullía la idea de la huida. Cual Josep Dencás, el consejero de Gobernación de Lluís Companys, que una vez fracasada la asonada independentista de octubre de 1934, de la que fue uno de sus más fervientes impulsores, huyó a las primeras de cambio por un pasadizo que salía del cuarto de baño de la Consejería y comunicaba con las alcantarillas. Apareció en la Barceloneta y se fugó a Francia.

Reino Unido y Holanda

La de Puigdemont ha sido menos rocambolesca, y la tenía pensada desde hace meses, según los datos que manejan las fuerzas de seguridad del Estado, que por una infidencia de su círculo cercano conocían desde hace unas semanas sus planes. Cada vez que se le preguntaba, decía que no tenía miedo a ser detenido. El expresidente, sin embargo, ya pensaba en irse al Reino Unido y Holanda, incluso entró en contacto con personas en Israel. Las fuerzas de seguridad dicen que también sabían que había decidido marcharse este lunes, pero no pudieron hacer nada porque "no tenía restringidos sus movimientos" por orden judicial o denuncia policial.

No eran los únicos que estaban al tanto de sus intenciones. Eran pocos los informados, pero es posible que entre ellos estuvieran el llamado 'estado mayor' del 'procès', ese grupo que personas sin cargo en el Gobierno que desde la sombra asesoraba a Puigdemont. Al no poder reunirse en el Palau de la Generalitat, como acostumbraban, tras las destituciones del viernes, el sábado se citaron en una casa rural de Vilaür, en el Alt Empordà, según recoge 'La Vanguardia'. Al parecer, el expresidente se dio una vuelta por allí a última hora.

Puigdemont y los cinco consejeros que han viajado con él (Meritxell Borrás, Antoní Comí, Dolors Bassa, Josquím Forn, Meritxell Serret)

Una vez en Bruselas, nadie pudo dar con su paradero. Está en un lugar "seguro", dijeron en su partido, en el que a duras penas trataban de pasar el sofoco y restar importancia a la fuga. Ha ido a asesorarse con abogados de ese país, arguyeron algunos dirigentes, que incluso equipararon la situación con el exilio de Josep Tarradellas. El cantante Lluís Llach escribió en su cuenta de Twitter: "El MHP (Muy Honorable Presidente) de la República exiliado es una denuncia contra Ñ (España) delante de los estamentos europeos".

Lo que pasa por la cabeza de Puigdemont se conocerá este martes, en la comparecencia que ha anunciado en algún lugar de Bruselas. El Gobierno tiene claro que no tiene ninguna posibilidad de obtener el asilo político. No expresaba un deseo, reproducía lo que dijo el lunes el comisario general belga para los refugiados, Dirk van den Bulcke, el que debe decidir sobre el caso si se formaliza la petición de asilo.

Rebelión, sedición y malversación

En España, la Fiscalía General del Estado se querelló este lunes por delitos de rebelión, sedición, malversación y otros conexos contra los 20 promotores de dos años de proceso independentista en Cataluña, que comenzó en noviembre de 2015 y culminó el pasado viernes con la aprobación en el Parlament de la llamada declaración unilateral de independencia (DUI). Las actuaciones penales van dirigidas contra los 14 exmiembros del Govern, con Carles Puigdemont y Oriol Junqueras a la cabeza, y seis de los integrantes de la Mesa de la Cámara catalana presidida por Carme Forcadell, que acordaron tramitar y votar la propuesta de Junts pel Sí y la CUP pese a los informes adversos de los letrados del Parlament.

La primera querella de 118 folios presentada en la Audiencia Nacional afecta a los integrantes del Govern y será instruida por la juez Carmen Lamela, que ya dirige la causa por un delito de sedición contra el exmayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, por obstaculizar supuestamente el trabajo de la comisión judicial de la 'operación Anubis' del 20 y 21 de septiembre en Barcelona. Unas pesquisas que se han acabado ampliando al referéndum ilegal del 1 de octubre y que ha acabado con los responsable de las plataformas independentistas ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, en prisión provisional sin fianza.

En esta querella se encuentran Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turul, Raül Romeva, Antoni Comín, Josep Rull, Dolors Bassa, Merritxell Borràs, Clara Ponsatí, Joaquim Forn, Lluís Puig, Carles Mundó, Santiago Vila y Merritxell Serret. Todos ellos ya están imputados por delitos de prevaricación, desobediencia y malversación de caudales públicos en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), después de aprobar las llamadas leyes de ruptura el 6 de septiembre.

Por su parte, la querella de 116 páginas anunciada este lunes por el fiscal general, José Manuel Maza, ante el Tribunal Supremo afecta a seis integrantes de la Mesa del Parlament: los diputados de Junts pel Sí Carme Forcadell, Lluís María Corominas, Lluís Guinó, Ana Simó y Ramona Barrufet, y el integrante de Catalunya Sí Que es Pot Joan Josep Nuet.

Salvo Corominas, el resto tienen también una causa abierta en el TSJC por desobedecer al Tribunal Constitucional al tramitar las leyes del referéndum. La particularidad de estos querellados es que, pese a que aún son aforados por formar parte de la Diputación Permanente del Parlament, la Fiscalía considera que deben ser investigados por el Supremo porque los posibles delitos no solo se cometieron en Cataluña, sino que tuvieron impacto fuera de la comunidad y en el extranjero.

Comparecencias "urgentes"

Las actuaciones no incluyen peticiones a los jueces de detenciones inminentes, aunque sí las comparecencias "urgente" de los denunciados con presencia de sus abogados una vez que que se admitan las querellas. La Sala Segunda (Penal) del Supremo, sin ir más lejos, empezó a verla este lunes. Asimismo, los textos cifran en 6,2 millones de euros la responsabilidad civil conjunta que deberían de asumir los querellados en caso de una condena.

La relación de hechos incluidos en la querella se extienden desde el 9 de noviembre de 2015 hasta el 27 de octubre de 2017. En concreto, desde que el Parlament aprobó por 72 votos a favor -Junts pel Sí y CUP- y 63 en contra la resolución sobre el inicio del procés como consecuencia de las elecciones del 27 de septiembre de 2015, marcadas como "plebiscitarias" por los partidos secesionistas, hasta la ratificación de la DUI en el Parlament con 70 votos a favor de un total de 135.

Entre medias, se detallan hechos recientes como las movilizaciones "tumultuarias" desarrolladas en oposición a las órdenes de las autoridades judiciales, las convocatorias masivas para impedir a los agentes cumplir con sus funciones o los actos de acoso en forma de escraches a policías y guardias civiles en sus lugares de trabajo y de descanso. "Todo esto ejemplifica cómo por parte de los querellados no buscaban simplemente contar con el apoyo de los ciudadanos para llevar a cabo su proyecto independentista dentro de la legalidad, lo cual no sería objeto de reproche, sino de llamamientos directos o indirectos, a través de las entidades soberanistas, a la movilización como medio intimidatorio y violento para conseguir el fin".

El texto de Maza sitúa a los Mossos como clave para los planes de los supuestos rebeldes: "La declaración de independencia impulsada por los querellados lleva ontológicamente anudada la asunción en exclusiva del mando sobre los Mossos, cuerpo policial integrado por más de 17.000 efectivos armados, con el potencial efecto intimidatorio que los mismos representan para quienes intenten hacer efectiva la vigencia de la Constitución".

Con todos estos mimbres, concluye el fiscal, llegaron a la DUI "por la imposición violenta de su objetivo frente a las resoluciones judiciales y las fuerzas del orden público".