El Colegio de Periodistas de Cataluña ha rechazado que el 'Govern' haga pagar diez euros al día para acreditarse para poder cubrir las ruedas de prensa sobre el referéndum del 1-O.

En un apunte en twitter, el colegio pide una rectificación, después de que este viernes se hayan programado dos convocatorias: a las 12.00 para detallar el operativo del domingo y a las 16.00 horas sobre la legalidad de la consulta.

A preguntas de los medios en la primera comparecencia en el IPBC, el consejero de Presidencia, Jordi Turull, ha defendido que fue una iniciativa privada que el 'Govern' aceptó ante el gran interés mediático, en busca de "más comodidad" que si se hubiera hecho en el Palau de la Generalitat.

El consejero ha asegurado que el Govern no recibe ni "un duro" de los diez euros que debe pagar cada periodista por la entrada de cada día, y lo ha justificado también en base a las medidas del Estado para impedir el referéndum.

"No se puede cobrar por la libertad de información"

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Elsa González, ha aseverado que no se puede cobrar por la libertad de información, en relación al pago que deben hacer los periodistas para acreditarse en en el centro de prensa.

"Me ha sorprendido y me parece inadmisible, porque esto supone cobrar por la libertad de información, por recibir una información a la que tiene derecho por la Constitución los ciudadanos", ha asegurado González a Efe.

Según la responsable de las asociaciones de profesionales de los medios de comunicación, "no hay precedentes" de que haya que pagar para asistir a comparecencias y recibir información de representantes públicos, "designados a través de los votos de la ciudadanía".

En un comunicado, la FAPE ha señalado que "es imposible de justificar la actitud" de la Generalitat que hará pagar a cada periodista 10 euros al día para acceder al centro de la empresa Mediapro para seguir el desarrollo informativo de la jornada del próximo domingo.

La FAPE, que recuerda que en este centro ha comparecido el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, considera que la medida es "no sólo un ataque frontal a la profesión periodística, sino también a toda la ciudadanía".

González ha asegurado que aunque sea una empresa privada -Mediapro- la que gestione el Centro Internacional de Prensa habilitado para ofrecer la cobertura de la jornada del 1 de octubre, las comparecencias son de responsables políticos.

"No se pueden confundir los intereses del Govern con los intereses de la empresa privada y al final es cobrar por recibir una información libre, en un país democrático, alterando el derecho de los ciudadanos a recibir información libre y veraz", ha opinado González, quien ha insistido en que "los que van a informar en esa sala son dirigentes políticos".

La presidenta de la FAPE ha opinado que los medios de comunicación "deberían reaccionar ante este ataque a la libertad de información".

"No se puede cobrar por la libertad de información, se disfrace como se disfrace, cuando la información la ofrece quien la ofrece y forma parte de organismos públicos", ha dicho González, quien ha condenado la organización de esa forma de coberturas.