Jesuitas salvadoreños pidieron este miércoles evitar acciones que impidan hacer justicia por el asesinato de seis sacerdotes de esa organización, entre los que se encontraba Ignacio Ellacuría, y dos colaboradoras en 1989, por el cual España reclamó a 17 militares retirados.

La reacción de la comunidad jesuita surge después de que en días pasados diversos sectores de El Salvador se pronunciaran contra una eventual extradición a España de los militares retirados a los que se señala estar vinculados al crimen. "Mientras la justicia salvadoreña mantenga sus puertas cerradas, no se debe impedir que el caso se ventile en las instancias de justicia internacional", señaló en un comunicado de la Compañia de Jesús y la jesuita Universidad Centroamericana (UCA).

El juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional pidió en enero la detención con fines de extradición de 17 militares retirados. Cuatro de los militares requeridos fueron detenidos a principios de febrero por la policía salvadoreña, mientras uno más está detenido en Estados Unidos y 12 están prófugos.

Los detenidos en El Salvador son el coronel Guillermo Benavides, los subsargentos Antonio Ávalos y Tomás Zarpate, y el cabo Ángel Pérez Vásquez. Familiares y amigos de los acusados, exjefes militares y políticos de derecha se han mostrado en desacuerdo con la extradición a España, que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) salvadoreña no ha resuelto si es procedente.

Los opositores a la extradición de los militares han considerado que no procede pues es un caso ya juzgado en el país centroamericano. Los jesuitas también criticaron que el presidente Salvador Sánchez Cerén "trató el caso como un asunto político" luego que se reunió en privado con líderes de los partidos políticos "para darles explicaciones por las capturas" de los militares.

Para la comunidad jesuita, "ha sido la falta de voluntad política la que ha impedido que se haga justicia en nuestra tierra y la que ha obligado a recurrir a la justicia española". La matanza de los jesuitas y las dos mujeres ocurrió en el campus de la UCA el 16 de noviembre de 1989, en medio de la guerra civil que vivía El Salvador (1980-1992).