La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha garantizado este martes que El Algarrobico, edificado en un terreno no urbanizable, se derribará "en el menor plazo posible" y ha afirmado que no prorrogar la autorización a la papelera ENCE en Pontevedra podría haber traído "hasta consecuencias penales".

En declaraciones a RNE, Tejerina ha explicado que la próxima semana se reunirá con representantes de la Junta de Andalucía para detallar la colaboración de la Administración General del Estado en la demolición del hotel El Algarrobico, edificado en el Cabo de Gata (Almería) sobre un terreno no urbanizable.

"Una vez que todo esté estudiado", incluida la sentencia del Supremo sobre este asunto del pasado día 18, se procederá a derribar esta edificación "en el menor plazo posible".

Ha defendido, por otro lado, que no hay "caso político" en la nueva autorización por 60 años a ENCE, situada en Pontevedra y cuyo ayuntamiento declaró ayer al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, "persona non grata".

La fábrica opera "con una autorización medioambiental integrada que fue renovada en 2008 por BNG y PSOE; entiendo que lo hicieron porque ENCE cumple al 100 %" con la legislación, ha dicho la ministra, que ha insistido en que esta última decisión no es una "prórroga" política.

"Es resultado -ha añadido- de una tramitación ordinaria que es aplicación automática de una ley, no hacerlo probablemente puede traer hasta consecuencias penales".

En su opinión, es incomprensible que cuando se cumplen los requisitos legales "se quiera hacer daño a tantas familias gallegas", cuyo empleo depende de la papelera.

Sobre la empresa pública Acuamed, que está siendo investigada por presuntas irregularidades, ha señalado que aún no ha arrancado la auditoría interna anunciada por su ministerio (del que depende la sociedad estatal).

Tras conocerse el caso, Tejerina cesó el pasado 19 de enero a dos de los responsables de Acuamed y días después dimitió el subsecretario de Presidencia, Federico Ramos, para defender su honorabilidad durante su anterior cargo como secretario de Estado de Medio Ambiente, tras haberse visto relacionado con el caso.

Por último, García Tejerina se ha mostrado más partidaria de los incentivos que de las prohibiciones para asegurar la calidad del aire y ha opinado que la gestión que hizo el Ayuntamiento de Madrid ante determinados picos de contaminación "provocaron tales atascos que en vez de mejorar la calidad del aire el efecto que hubo fue el efecto contrario".