El Tribunal Supremo ha fallado que el hotel Algarrobico, construido en el Cabo de Gata (Almería), se edificó sobre terreno no urbanizable, y despeja el camino a una posible demolición que apoyan la Junta de Andalucía, los ecologista, Podemos e IU, pero sobre la que se abren numerosas incógnitas.

"Hoy sí comienza la cuenta atrás para la demolición del hotel del Algarrobico", ha dicho José Fiscal, consejero andaluz de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que considera vigente el convenio suscrito en 2011 con el Gobierno central, por el que la Administración central asumía la demolición y el gobierno regional la restauración ambiental de la zona.

Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se ha limitado a indicar que analizará la sentencia, que recuerda se refiere a competencias municipales y autonómicas, "para determinar sus consecuencias y actuar con diligencia".

La Sala de lo Contencioso del alto tribunal ha aceptado los recursos de Greenpeace y de la Junta de Andalucía y ha anulado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que en marzo de 2014 falló a favor de la constructora del hotel, Azata del Sol.

Aquella segunda sentencia de la Sección Tercera del TSJA, que de manera inexplicable, según el alto tribunal, contradijo lo que ya había fallado en 2012 otra sección, la Primera, de la corte andaluza, recibe muy duras críticas del Supremo en su fallo.

La decisión del Supremo determinará probablemente la demolición del hotel, aunque también quedan por dirimir otros asuntos, como si corresponderá o no una indemnización a la promotora Azata del Sol.

En las sentencias divulgadas hoy el alto tribunal no se pronuncia sobre las eventuales responsabilidades patrimoniales.

Tras conocerse el fallo, el consejero andaluz de Medio Ambiente, José Fiscal, ha expresado su "más absoluta satisfacción" porque se ha puesto fin a "un galimatías de sentencias y de autos" sobre este controvertido proyecto.

El consejero ha reiterado que la Junta considera vigente el convenio suscrito en 2011 con el Gobierno central, representado entonces por la ministra de Medio Ambiente Rosa Aguilar, por el que la Administración central asumió la demolición del polémico hotel, mientras que la restauración medioambiental sería competencia de la Junta, ya que afecta al Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

Las principales organizaciones ecologistas consideran también que el fallo del Supremo marca el camino para su demolición y confían en que servirá de ejemplo para evitar otras obras en zonas de costa protegidas.

Desde Greenpeace, entidad que junto con la Junta de Andalucía presentó el recurso al que el TS ha dado la razón, su portavoz de Campañas de Costas, Pilar Marcos, ha expresado su satisfacción "tras once años de lucha para hacer ver que ese suelo no era urbanizable y que vulnera la Ley de Costas".

El abogado de Ecologistas en Acción, José Ignacio Domínguez, ha manifestado que "está claro que el hotel ya no tiene salvación. Cómo se lleve a cabo es otra cosa, pero no hay más remedio que derribarlo".

El subdirector de Azata del Sol, José Rodríguez, ha afirmado por su parte que su actuación "ha sido correcta en todo momento" y que su "próximo paso es estudiar el contenido de las sentencias a fondo y ver si cabe alguna defensa de las inversiones".

La secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, ha deseado "la pronta demolición" del edificio para recuperar la zona, mientras que IU ha exigido al Gobierno andaluz un calendario de demolición del hotel y de restauración del paraje natural.