La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que los fondos procedentes del Fondo de Liquidez Autonómico pendientes están condicionados, en el caso de Cataluña, a que se empleen al pago de proveedores, como las farmacias.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha informado sobre la reunión de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos para fijar el nuevo reparto del Fondo de financiación a las comunidades para 2015 y se ha establecido la "condicionalidad asociada para garantizar la prestación de determinados servicios públicos".

Ha recordado que esta legislatura se ha provisto a las autonomías y corporaciones locales con distintos mecanismos de financiación hasta los 185.000 millones de euros.

Sáenz de Santamaría ha añadido que para este año ya se hizo un reparto, pero que quedaba un remanente de 7.889 millones que se repartirá entre las autonomías que lo han demandando.

Habrá una parte específica para atender gasto sanitario, como los nuevos antivirales para el tratamiento de la hepatitis c crónica, ha indicado.

No obstante, ha agregado, "ante la singularidad de Cataluña en determinados asuntos financieros", se ha establecido un supuesto de condicionalidad específica para la transferencia de los correspondiente fondos a los proveedores de la Generalitat de Cataluña.

Ha destacado que ello se deriva, entre otras cuestiones, de la rebaja de su nota por parte de las agencias calificadoras, por el incumplimiento de determinadas obligaciones de información y, en particular, "la indebida contabilización" que ha supuesto un déficit adicional de 1.300 millones de euros en 2015.

Se ha referido también al "riesgo derivado por manifestaciones de representantes de la comunidad" y que hacen referencia, entre otros, el impago con las farmacias.

Por todo ello, hay elementos de control específicos y adicionales para la entrega de esos fondos a Cataluña, ha añadido. En su opinión, con este reparto se quiere garantizar la igualdad de los ciudadanos a la recepción de los servicios públicos fundamentales en toda España y que los proveedores puedan cobrar.

La decisión, ha insistido, es que los fondos se destinen a los pagos adeudados y previstos, que no es otro que los servicios públicos esenciales.