Cuando se celebra el Día del Padre, serán muchos los niños en España que vayan a tener contacto con el suyo, un hombre condenado, imputado o incluso en prisión preventiva por delitos de violencia de género, porque en la actualidad, la legislación no contempla la prohibición expresa de que un maltratador pueda seguir manteniendo la relación con los niños y queda a elección del juez permitir o no este asunto.

Según los últimos datos oficiales, al cierre del año pasado había 37 hombres acusados de violencia de género en prisión preventiva, cuatro de ellos por delitos con resultado de muerte, que mantenían la comunicación con sus hijos menores de edad desde la cárcel. Fuera de ella, es frecuente también que los vean, porque cada vez son menos los jueces que suspenden este privilegio de los padres.

Conforme la recopilación estadística de la Comisión para la Investigación de los Malos tratos, esta medida se adopta en menos del tres por ciento de los casos en que se solicita, una tasa que se viene reduciendo: en 2011 se suspendió en el 3,4% (49 de 791 peticiones), en 2012 fue en el 3,1% (57 sobre 653) y en 2013, un 3%, con 23 suspensiones de las 590 que se habían pedido al juez.

De hecho, según un estudio realizado por Save The Children y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a partir de 200 sentencias dictadas en audiencias provinciales entre 2010 y 2011, "la violencia de género no resulta un factor determinante en las sentencias de los juzgados de instancia sobre régimen de visitas", ya que se imponen o suspenden en proporciones similares en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y en los Juzgados de Familia.

Ni la reforma del Código Penal ni los proyectos de leyes de Infancia que están en marcha pensados para mejorar la protección de estos niños contemplan que la imputación o la condena por violencia de género tengan que acarrear necesariamente la suspensión de un régimen de visitas. Imponen, eso sí, que el juez habrá de pronunciarse sobre estas medidas civiles en todos los casos, pero sin determinar en qué sentido habrán de hacerlo. En paralelo, un anteproyecto de Ley de Corresponsabilidad Parental abre

La jueza especializada y ex presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, Inmaculada Montalbán, lo explica desde el punto de vista de que "siempre es deseable que cada caso tenga una respuesta concreta y se analicen las circunstancias concurrentes, que es algo que corresponde al juez". Cree que por ello, no ha habido legislador que entre en este asunto.

El problema, explica, es que pervive "el mito de que se puede ser buen padre de familia con independencia de ser o no violento, algo que está en la conciencia social y no se corresponde con la realidad". "Quien ejerce la violencia contra la esposa es un mal ejemplo para el hijo y constituye un riesgo para el hijo. Hay que trabajar la labor de pedagogía para hacer ver socialmente que no se puede ser buen padre y maltratador a la vez", afirma.Formación para los equipos psicosociales

En esta línea, sostiene que la formación no es sólo cuestión de jueces, sino también de los equipos psicosociales que realizan los informes cuando hay niños de por medio en un caso de violencia de género, unos dictámenes en los que el juez se apoya para tomar su decisión y de los que depende en muchos casos que conceda o no un régimen de visitas con el padre maltratador.

"En estos momentos lo decisivo e que el juez cuente con dictámenes e informes realizados por profesionales con perspectiva de género y conocedores del fenómeno de la violencia capaces de darle datos que le permitan dar con una solución ajustada en tanto haya una decisión legislativa en un sentido o en otro", plantea Montalbán.

Con todo, "lo cierto es que en estas decisiones debe primar siempre el interés superior del menor" y eso, en opinión de la experta, significa "vivir en un entorno sin violencia" o, lo que es lo mismo, "alejar al niño de él". "En aquellos casos donde hay indicios de delito de violencia de género y existen menores, ante una imputación debería preverse la suspensión cautelar del régimen de comunicación y visitas", considera la juez.

Es lo que viene defendiendo años la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, cuya presidenta, Ana María del Campo, insiste en que "lo peor que le puede pasar a un niño es tener un padre maltratador". Considera que "no se prohíbe en las leyes aquello que el sentido común no ha contemplado nunca" y plantea qué interpretación se está haciendo de la legislación contra la violencia de género para que se haga necesario establecer este tipo de limitaciones tan evidentes.

"El juez tiene una función extraordinaria que es la de impartir justicia partiendo de la aplicación de la norma, pero esa norma la interpreta y el fallo está en la interpretación que hace ese juez, que puede hacer la fiscalía también, los abogados y la sociedad en su conjunto", señala la experta.La ley no se aplica

Pérez Del Campo recuerda en este sentido que una cosa es tener una buena ley y otra, que se aplique. "Nosotros somos un país que tiene unas leyes que han sido copiadas por países europeos y latinoamericanos y también por los Estados Unidos, pero eso no quiere decir que se hayan llevado a la práctica, en el sentido filosófico, épico y jurídico con el que se hicieron. No quiere decir en absoluto que se estén aplicando en la práctica", denuncia.

Esta organización hace una doble propuesta al respecto: "La legal, que consiste en que evidentemente hay que preservar a la infancia de la influencia del padre maltratador y por tanto, que no haya visitas ni comunicación porque es lo peor que le puede ocurrir a un hijo, y la social, es decir, que se acompañe de una pedagogía incorporada a la educación y formación de las personas desde la infancia".

"Mientras, con los adultos, cumplir lo que ya nos ha exigido la ONU en la condena a España por el caso de Ángela González --cuya hija fue asesinada por el padre maltratador durante un régimen de visitas sin supervisión dictado por un juez--, que todos los jueces tienen la obligación de saber qué es la violencia de género y obrar en consecuencia", sentencia la experta.