El PSOE deja a Chaves y Griñán en sus escaño tras ser imputados por el Tribunal Supremo

El PSOE permitirá a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán mantener sus escaños en el Congreso y en el Senado, respectivamente, mientras el juez del Tribunal Supremo que investiga el caso de los ERE y que les ha citado este martes como imputados no les atribuya un delito concreto.

Chaves, Griñán y los otros tres aforados implicados en la causa del presunto fraude, los diputados José Antonio Viera y Gaspar Zarrías y la senadora Mar Moreno, han sido citados a declarar como imputados en el Supremo, después de pedirlo voluntariamente, entre el 7 y el 21 de abril, sin que pese sobre ellos por ahora ninguna acusación concreta.

La convocatoria de elecciones andaluzas para el 22 de marzo ha llevado al juez a aplazar las citaciones previstas en principio para febrero, según fuentes del Supremo que indican que la condición de imputados de los cinco aforados que han sido citados se produce porque no tendría sentido que lo hicieran como testigos y porque ellos mismos se han prestado a ello voluntariamente.

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, son partidarios de no pedir responsabilidades políticas a los expresidentes andaluces hasta que no se les atribuya un delito.

La dirección federal del PSOE ha fijado esta directriz después de la confusión generada por el portavoz parlamentario, Antonio Hernando, tras sostener que Chaves y Griñán solo tendrían que abandonar sus escaños si fuesen llamados a juicio oral, como establece el código ético del partido.

Una hora después, Hernando volvía a comparecer ante los medios en el Congreso para reconocer que había cometido un "error" y que el compromiso de Sánchez era lo que prevalecía.

"No se cumpliría el código ético, sino el compromiso adquirido por Pedro Sánchez. El error ha sido mío", ha rectificado Hernando.

Manuel Chaves ha dicho que no dejará el escaño porque su situación judicial "no ha cambiado en absoluto, es la misma que ayer, que antes de ayer y que hace una semana".

"Nada ha cambiado en absoluto, salvo que tenemos que declarar", ha recalcado Chaves a los periodistas en el Congreso, donde ha vuelto a asegurar que tiene la "conciencia absolutamente tranquila" y que confía en que la causa "se archive" tras su declaración.

Chaves ha asegurado que "siempre" se ha sentido "respaldado" por su partido y por la presidenta de la Junta y ha vuelto a defender que todo lo que pasó por el Consejo de Gobierno andaluz se hizo "de manera escrupulosamente legal".

El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha hecho hincapié en que Susana Díaz fue "meridianamente clara" al plantear que deberían renunciar al escaño si hubiese "imputación por delito".

Las explicaciones dadas por los socialistas no han satisfecho al PP, ni a algunos grupos de la oposición.

Tras apuntar que no es quien para decir si Chaves y Griñán deben dejar su acta de parlamentario, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha opinado que son los partidos los que deben actuar "de acuerdo con lo que reclaman a otros y con lo que ellos mismos se han comprometido".

"Yo, ahí, no soy quien para decirles lo que tienen que hacer. Ellos mismos son los que tendrán que demostrar si lo que dicen, de verdad, sirven para algo", ha comentado la vicepresidenta.

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha instado a Pedro Sánchez a ser "coherente" y "consecuente" y ya que está limpiando su partido, que no se deje una parte "un tanto oscura" y "coja el cubo, la fregona y pase el mocho también" al PSOE andaluz.

Hernando cree que se ha demostrado que el de los ERE no ha sido, como arguye la Junta de Andalucía, un caso de "cuatro golfos, ni una campaña contra Chaves y Griñán", sino un grave escándalo de "corrupción" en el que ya hay 286 imputados.

La líder de UPyD, Rosa Díez, ha confiado en que Sánchez haga dimitir a los dos expresidentes porque "tienen ya varios delitos concretos por los que están siendo imputados".

Para el diputado de IU Gaspar Llamazares, si no se asumen responsabilidades políticas por los ERE o por la financiación ilegal de un partido, en alusión al PP, "es que ya no hay responsabilidades por nada".

El Supremo asumió el pasado 13 de noviembre la investigación del caso de los ERE remitida por la juez Mercedes Alaya.

La causa, que acumula 266 acusados, pretende conocer el destino de 855 millones de euros de fondos públicos concedidos en 12 años para empresas en crisis.