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"Es necesaria una nueva investigación veraz"

La Asociación de Víctimas ha pedido a la Eurocámara que investigue si se vulneraron normas europeas.

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio (AVM3J), Beatriz Garrote, ha manifestado este martes que considera "necesaria una investigación veraz en la que se barajen otras causas que única y exclusivamente el error humano".

Así se ha pronunciado Garrote con respecto a la resolución de la Audiencia Provincial de Valencia, que ha ordenado la reapertura de la investigación del accidente del metro de Valencia que costó la vida, el 3 de julio de 2006, a 43 personas y causó heridas a otras 47.

"El hecho de que tres magistrados de la Audiencia Provincial coincidan unánimemente en que es necesario que se amplíe la investigación sobre el accidente es algo que para nosotros es muy positivo porque viene a confirmar lo que venimos repitiendo durante siete años", ha apuntado.

Aunque se ha mostrado "satisfecha" y quiere "creer que esta vez será la definitiva", Garrote ha añadido que "el caso vuelve a la misma magistrada, aunque es un primer paso".

La representante de la entidad regresa este martes de Bruselas tras haberse entrevistado con miembros de la Comisión Europea y de la Comisión de Peticiones, así como con europarlamentarios.

La asociación pidió a la presidenta de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, Erminia Mazzoni, que se analizara en este órgano si el Gobierno valenciano vulneró alguna norma europea, así como la gestión que llevó a cabo la Generalitat en torno al accidente, con el objetivo de que los eurodiputados censuren su actuación.

Las víctimas solicitaron también que se evaluara si se incumplió la normativa relativa a la seguridad general del sistema instalado en la red de Metrovalencia y si se vulneró la Carta de Derechos Fundamentales "al censurar y manipular la información que Radiotelevisión Valenciana (RTVV) ofreció sobre el accidente".

Las reivindicaciones de la asociación de víctimas serán ahora analizadas por los servicios jurídicos del Parlamento Europeo, que determinarán si existe la base legal para que éstas sean aceptadas a trámite por la Comisión de Peticiones y, por tanto, analizada por los eurodiputados

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