El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado prohibir el acto de los presos de ETA previsto para las 12.30 de este sábado en la localidad vizcaína de Durango. Esta reunión está organizada por el colectivo de reclusos de la banda, EPPK, y según los convocantes, en ella participarán un abultado número de los 63 expresos que han sido excarcelados en las últimas semanas tras la decisión de la corte de Estrasburgo de derogar la doctrina Parot.

El magistrado, siguiendo el criterio de la Fiscalía y a la vista de los informes remitidos por las fuerzas de seguridad del Estado y la Ertzaintza, no encuentra indicios de que en ese acto se vaya a cometer un delito puro de enaltecimiento del terrorismo o en su variante de "descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas", castigado en el código penal con entre uno y dos años de cárcel.

En su auto, Pedraz ordena oficiar a la Ertzaintza y a la Delegación del Gobierno del País Vasco "a fin de que dentro del ámbito del principio de proporcionalidad y con absoluto respeto al derecho de reunión y manifestación adopten las medidas que se consideren necesarias para evitar la comisión de los hechos que pudieran ser considerados como delictivos".

En su resolución, el juez explica que practicadas las diligencias oportunas para la "averiguación del delito denunciado", a tenor de los tres informes policiales, como dice el fiscal, "no existen elementos o indicios de comisión del mismo" (art 578 CP), esto es, no hay base para considerar q el objeto del acto sea, como dicen los denunciantes, "otro que el de mostrar su apoyo y solidaridad, con el consiguiente homenaje, al resto de la organización terrorista ETA que aun se encuentran encarcelados".

Según el juez, si el fiscal entiende que no se acredita la comisión de delito "por obvia aplicación del principio acusatorio no procede otra cosa que el archivo de las actuaciones", puesto que las denunciantes (Dignidad y Justicia y la Asociación de Víctimas del Terrorismo) no son parte al no haberse personado como acusación.

Pedraz señala que "es obvio por tanto que no cabe prohibir en modo alguno el acto ni aun por razón de quienes van a asistir el acto". Por ultimo, el juez subraya, vista la repercusión mediática de estos actos y la confusión que provoca al ciudadano, que cuando el juez no prohíbe el acto no significa que "consienta", "autorice" o "permita", ya que la Constitución establece q el derecho de reunión/manifestación no requiere autorización previa.

El magistrado se suma a sí a la opinión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que ayer pidió que no se suspendiera la reunión que tendrá lugar en el Kafe Antxokia de Durango, al entender que es un evento "penalmente neutro", en cuanto se desarrollará en un local privado, no habrá difusión pública, la persona que ha alquilado el local es un particular y no consta que en la convocatoria se declare abiertamente a que el evento vaya a ser un homenaje a los presos de ETA.

No obstante, el informe remitido por la Policía Nacional destacaba que detrás del evento de Durango está el "denominado frente de makos de ETA", pues ha sido convocado por el llamado grupo de "intermediarios" (Bitartekari Taldea) del Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK) y que ese grupo "forma parte de la estructura de la organización terrorista".

Diversas fuentes consultadas en los últimos días ya anticiparon que era bastante improbable que, con los escasos datos recopilados y la oposición de la Fiscalía, Pedraz decidiera suspender el acto. Estas mismas fuentes explicaron que para limitar un derecho fundamental como es de reunión hace falta un "cuerpo indiciario muy potente" de que, a priori, en ese evento se va a cometer un delito. Y recordaron que tampoco se puede coartar de "manera preventiva" la libertad de expresión de los excarcelados de la doctrina Parot, que no están sometidos a ninguna restricción al haber extinguido de manera íntegra su pena.

El magistrado rechaza así la denuncia del colectivo de víctimas Dignidad y Justicia (DyJ), a la que poco después también se unió la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Según DyJ, que dijo haber tenido noticia de esta convocatoria a través de los medios de comunicación, el acto de Durango en realidad solo enmascara un "homenaje" para mostrar el "apoyo y solidaridad" a los excarcelados y con los 515 presos de ETA que aún siguen en cárceles de España y Francia.

Pero la versión de los organizadores es otra. Según las convocatorias enviadas a la prensa, los excarcelados de la 'doctrina Parot' se limitarán a hacer una valoración del comunicado en el que el pasado sábado el EPPK anunciaba que estaba dispuesto a aceptar las reglas penitenciarias para acelerar la excarcelación de reclusos y en el que, por primera vez, reconocía el "sufrimiento y daño multilateral".

Antes de conocer la decisión de Pedraz y los informes de la Fiscalía y de las fuerzas de Seguridad, el ministro del Interior descalificó con inusitada fiereza el acto de Durango, que calificó de "aquelarre repugnante y deleznable". Jorge Fernández, quien no obstante recordó que es el juez el que tiene la "última palabra", afirmó que los presos que intervendrán en Durango aunque están "libres" en ningún momento se han arrepentido de su "crímenes horribles", no han pedido perdón a las víctimas, no se han "desvinculado" de ETA ni han pedido a la organización terrorista que se disuelva.