Caso de los ERE en Andalucía
Alaya, con protección policial tras ser abucheada
El pasado jueves, varias decenas de sindicalistas abuchearon a Alaya y expresaron su apoyo a los líderes de UGT y CC. OO. Salvador Mera, Roberto Carmona y Francisco Casado, detenidos.
La juez que instruye los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, ha acudido a los juzgados de Sevilla con escolta policial, que fue solicitada por el juez decano, Francisco Guerrero, después de que fuese increpada y abucheada el jueves pasado, cuando tomaba declaración a sindicalistas imputados.
El juez decano ha informado de que él mismo solicitó verbalmente al Cuerpo Nacional de Policía la protección adecuada para Alaya, aunque aún no ha recibido notificación oficial de que se haya asignado.
No obstante, los periodistas que esperaban la llegada de los imputados para declarar sobre los ERE observaron que Mercedes Alaya acudía al edificio del Prado de San Sebastián de Sevilla acompañada por varios agentes de paisano.
La petición, ha matizado Guerrero, no respondía al abucheo que sufrió Alaya a su llegada al juzgado el pasado jueves sino a que la magistrada "no tiene por qué adoptar medidas de protección por sí misma, como acudir en taxi a trabajar".
Según Guerrero, la juez lleva asuntos "muy mediáticos y es lógico y adecuado que tenga protección".
El pasado jueves, varias decenas de sindicalistas abuchearon a Alaya y expresaron su apoyo con gritos de "libertad, libertad" a los líderes de UGT y CCOO Salvador Mera, Roberto Carmona y Francisco Casado, detenidos en la Operación Heracles 2 sobre el cobro de sobrecomisiones en los ERE.
La juez también ha sido objeto de concentraciones de apoyo, como la realizada el pasado 25 de julio cuando varias decenas de manifestantes, convocados por organizaciones sociales, la aplaudieron y vitorearon mientras portaban pancartas en las que se leía "juez Alaya y equipo de apoyo, gracias por vuestro trabajo", "gracias y ánimo juez Alaya" y "Fuerza y honor, juez Alaya".
El pasado lunes, la Junta de Jueces de Instrucción de Sevilla apoyó a su compañera y reconoció "su enorme esfuerzo profesional, personal y familiar" en cumplimiento del deber de "tutelar y defender los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos".
