La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, Mercedes Alaya, ha imputado este jueves sendos presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos al exviceconsejero de Economía y Hacienda entre 1990 y 2004 José Salgueiro, ya que entiende que "fue uno de los promotores del procedimiento ilegal de concesión de subvenciones sociolaborales que se instauraría en la Junta desde el año 2000 y que perduraría hasta el año 2011". 

Así consta en el acta de la declaración del imputado, quien se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar después de que su abogado, José María Calero, presentara esta misma semana en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla un escrito acompañado de un informe médico que le aconseja no someterse a situaciones de "estrés intenso".

De este modo, Salgueiro, que también fue consejero del ramo entre febrero y mayo de 2004, ha seguido los pasos de los exdirectores generales de Presupuestos de la Junta Buenaventura Aguilera y Antonio Vicente Lozano, éste también exviceconsejero de Presidencia, y del exjefe de servicio de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y director del departamento de Administración y Finanzas de IDEA Antonio Diz-Lois, quienes se acogieron igualmente a su derecho a no declarar.

En el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, la juez Mercedes Alaya señala que el procedimiento "ilegal" de concesión de subvenciones sociolaborales "consistía en utilizar un crédito presupuestario, las llamadas transferencias de financiación, no previsto para ejercer dicha potestad subvencionadora, sino para financiar operaciones genéricas de las empresas públicas, y en usar una de estas empresas, un ente instrumental como fue IFA, para realizar los pagos a terceros ordenados por la Consejería de Empleo".

Según añade la instructora, este procedimiento "al margen de la ley" se iniciaría, "entre otros", por el inculpado, todo ello "en virtud del interés de la Junta de dar mayor agilidad a los procesos de ayudas sociolaborales, pretendiéndose como finalidad básica eludir el control de legalidad que significaba la fiscalización previa de la Intervención General, que tantos reparos suspensivos había opuesto en expedientes pasados como el de Hamsa".

La juez asevera que "este uso ilícito de fondos públicos se realizaría presuntamente con absoluta discrecionalidad, incumpliendo los más elementales principios de actuación de la Administración, consagrados en el Estatuto de Autonomía, como el de imparcialidad, transparencia y no discriminación, y los principios rectores de la actuación subvencionadora: publicidad, libre concurrencia, objetividad e igualdad". 

Las modificaciones presupuestarias

Con ello, las subvenciones "se convertían en desplazamientos de fondos públicos a terceros por mera liberalidad", critica la instructora, quien añade que para llegar a instaurar este procedimiento y disponer de gasto público "el paso previo era lograr dichos créditos presupuestarios, las denominadas transferencias de financiación, que eran ajenas al procedimiento subvencional", una actuación en la que se "incardinaría" la participación de José Salgueiro.

Agrega que, durante los años 2000 y 2001, "se optaría por actuar de espaldas" a la Ley de Presupuesto a través de las modificaciones presupuestarias. Así, la Consejería de Economía y Hacienda, de la que Salgueiro era viceconsejero, a fin de dotar de fondos a la partida de las transferencias de financiación, habría tramitado un total de siete modificaciones presupuestarias "al margen de los presupuestos" de los años 2000 y 2001 que supusieron una suma de 93 millones de euros.

"El segundo paso después de dos años de andadura", según la magistrada, fue la introducción de dicha partida presupuestaria de las transferencias de financiación en el presupuesto de 2002 y en los sucesivos ejercicios económicos, una "tarea" en la que el encausado "tendría una importante participación, sobre todo teniendo en cuenta que el director general de Presupuesto Antonio Roig llevaba tiempo de baja por una larga enfermedad y aquél atendía sus asuntos".  

Leyes de presupuestos "frontalmente contrarias" al ordenamiento jurídico

De esta manera, y a fin de incluir la partida "fraudulenta" en la Ley de Presupuestos, "se aprovecharía la complejidad del lenguaje presupuestario, pues la clasificación económica del gasto por artículos y subconceptos sólo es accesible a expertos", dando como resultado unas leyes de Presupuestos "que eran frontalmente contrarias" a gran parte del ordenamiento jurídico, y en concreto a la Constitución o al Estatuto de Autonomía.

La magistrada señala que la inclusión en el presupuesto de esta partida de transferencia de financiación "dio lugar a un uso completamente arbitrario de los fondos públicos, sin procedimientos ni control, y además desmesurado, asumiendo compromisos por encima del techo presupuestario" y generándose un déficit que en los años 2003 y 2004, siendo el imputado viceconsejero y luego consejero de Hacienda, ascendió a 38 y 93 millones, respectivamente.

La juez, asimismo, acusa a Salgueiro de que, "conociendo el procedimiento arbitrario instaurado, que podía generar menoscabo de fondos públicos", habría contribuido a "alimentarlo" con cinco nuevas modificaciones presupuestarias entre 2002 y 2004 ascendentes a 32,1 millones de euros.

"Alteración de la realidad"

En último lugar, y según el relato de la magistrada, José Salgueiro "daría instrucciones o al menos sería sabedor" de que con este procedimiento "era necesario alterar la realidad del presupuesto de explotación del IFA", ya que al recibir los fondos de la Consejería de Empleo y figurar éstos como ingresos, "hubo que simular en la elaboración del citado presupuesto de explotación de la agencia la existencia de gastos por parte de la misma, cuando sólo se realizaban pagos con los fondos recibidos, gastos inexistentes que se consignaban en la partida 'otros gastos de explotación'".

Tras lectura de la imputación por parte de la juez, se ha celebrado una comparecencia de medidas cautelares en la que ni la Fiscalía Anticorrupción ni la acusación que ejerce la Junta han interesado medida alguna, mientras que el PP ha pedido que se adopten las medidas que la juez considere "adecuadas a derecho" y el sindicato Manos Limpias ha solicitado que se le imponga una fianza de responsabilidad civil de 20 millones.

El abogado de Manos Limpias ha aseverado que Salgueiro "ha tenido posibilidad de explicar su participación en los hechos y justificar su inocencia", pero su negativa a declarar "lo que hace es poner de manifiesto de una forma más que evidente los indicios criminales que sobre el mismo recaen, habiendo participado activamente desde sus puestos de responsabilidades en una ingeniería presupuestaria con un fin fraudulento y arbitrario".

De su lado, el letrado del exviceconsejero se ha opuesto a la imposición de una fianza civil "por la falta de fundamento" de la imputación y por la "falta de necesidad" para su adopción en base a que "ya se han adoptado multimillonarias medidas que en esta causa garantizan sobradamente las eventuales y futuras resultas civiles del proceso".

Además, ha alegado que dicha fianza civil es "innecesaria", ya que Salgueiro "tiene un patrimonio conocido reflejado en registro público y transparente, sin que exista riesgo ni posibilidad de que sea alterado, modificado u ocultado".

La próxima declaración por el caso ERE tendrá lugar el próximo martes, cuando comparecerá ante la juez la exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía y exministra de Fomento Magdalena Álvarez.