El Gobierno ha subido este viernes los impuestos al tabaco y al alcohol, al mismo tiempo que ha eliminado las deducciones en el impuesto de sociedades que minoran la base imponible de las grandes empresas.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha confirmado la subida de estos impuestos en una comparecencia tras el Consejo de Ministros junto al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que ya adelantó ayer esta medida.

De esta forma, el ministro ha desvelado que finalmente se subirá un 10% el impuesto que grava las bebidas espirituosas, que pasará de 8,30 euros por litro de alcohol puro a 9,13 euros por litro, lo que supone un incremento de 83 céntimos.

Dicha subida impositiva tendrá impacto únicamente en este tipo de bebidas, ya que, según apuntó, esta medida "no afectará ni al vino ni a la cerveza".

Asimismo, el tabaco también sufrirá un incremento impositivo que se realizará, según ha explicado, mediante una "recompensación de la tributación" que dará más peso al tipo específico, que al 'ad valorem', acercándose así a la tributación de la Unión Europea.

En concreto, el tabaco está gravado en el caso de los cigarrillos por tres impuestos especiales diferentes: un impuesto específico de 19,10 euros por cada mil cigarrillos, un impuesto 'ad valorem' del 53,1% del percio final y uno mínimo de 123,97 por cada mil cigarrillos o de 132,97 euros por cada mil cigarrillos cuando el PVP sea inferior a 188,50 euros (alrededor de 3,77 euros para una cajetilla), por cada mil cigarrillos.

El pasado 26 de abril, en la presentación del programa de estabilidad del Reino de España, se anunció la revisión de algunos impuestos especiales sin especificar.

Dejaron claro que no se tocarían los hidrocarburos "porque su precio es ya demasiado alto", dijo entonces Montoro, ni tampoco de los que pudieran ser perjudiciales para la hostelería o "especialmente" para el consumo.

También anunció que se eliminarían deducciones en el impuesto de sociedades que minoran la base imponible de las grandes empresas "aquellas con una facturación superior a los 20 millones de euros", con el objetivo de "acercarse a la doctrina europea".