La Secretaría General de la Presidencia del Gobierno tramitará las peticiones que cualquier ciudadano podrá formular sobre información que obre en poder de la Casa del Rey, en virtud de la futura Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

En sus más de treinta enmiendas, el PP fija además que las entidades privadas que tengan al menos el 50 % de sus ingresos anuales procedentes de subvenciones públicas estarán sujetas a esta ley -siempre que alcancen como mínimo los 3.000 euros-, al igual que aquellas que reciban en un año ayudas públicas de más de 100.000 euros.

El PSOE rebaja al 40 % ese porcentaje, al igual que CiU, mientras que IU y UPyD no establecen ningún límite de ingresos públicos al respecto.

En el ámbito de las instituciones, las enmiendas del PP incorporan al ámbito de aplicación de esta ley a la Casa del Rey, el Congreso y el Senado, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España, el Defensor del Pueblo, el Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas.

Las enmiendas populares, que recogen todos los compromisos asumidos por el Gobierno hasta ahora, incluyen asimismo a partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales.

En la parte de la ley que regula el llamado "buen gobierno", el PP añade como nueva sanción la pérdida del derecho a pensiones indemnizatorias de los altos cargos infractores.

También corrige la posible invasión competencial del actual texto y pide que el órgano competente para incoar procedimiento sancionador a los altos cargos autonómicos o locales sea el que tenga atribuidas esas funciones en las propias comunidades o ayuntamientos.

Respecto a la creación del llamado Consejo de Transparencia y Buen Gobierno -órgano que velará por el cumplimiento de la ley-, el PP ha presentado un bloque de enmiendas que lo configuran como un órgano compuesto por un presidente y una Comisión de Transparencia y Buen Gobierno formada por ese presidente y otros siete miembros.

Estos son un diputado, un senador, un representante del Tribunal de Cuentas, otro del Defensor del Pueblo, un representante de la Agencia Española de Protección de Datos, otro de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y un representante de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

Miembros de la comisión

El presidente del Consejo, que lo será también de la Comisión, será nombrado entre personas de "reconocido prestigio y competencia profesional" por un periodo no renovable de cinco años a propuesta del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y refrendado por la mayoría absoluta del Congreso.

Entre las sesenta enmiendas del PSOE, destaca su rechazo a que se pueda inhabilitar o cesar a cargos electos, como alcaldes o concejales, por incumplir los preceptos de la norma, al considerarlo inconstitucional; enmienda en la que coincide con CiU.

Los socialistas rebajan además las restricciones de acceso a la información, que en la norma remitida inicialmente al Congreso afectaba a amplias áreas del Gobierno, y las deja en aquellas que causen un perjuicio grave para la seguridad nacional, las relaciones exteriores, los intereses económicos y comerciales, la investigación penal o el secreto profesional, entre otros.

Amplía eso sí, la obligación de publicidad activa a los contratos de alta dirección, las retribuciones de altos cargos y de las indemnizaciones por abandono del puesto.

El PSOE propone asimismo que los miembros del Gobierno, secretarios de Estado y demás altos cargos estén también obligados a hacer públicas sus declaraciones de la renta, de bienes y actividades.

Por su parte, CiU ha registrado enmiendas en defensa del silencio positivo de la Administración ante las peticiones de información de los ciudadanos (la ley prevé el silencio negativo), de la regulación de los 'lobbies', de la formación a funcionarios para que apliquen esta ley y de la aprobación de un Estatuto del Directivo Público.

Respecto a la aplicación de la ley a entidades privadas, CiU propone el mismo límite que el PSOE, es decir, incluir a aquellas que se financien en un 40 % con fondos públicos, además de las que reciban durante un año financiación pública por encima de los 100.000 euros.

El PNV eleva este porcentaje al 50 %, aunque coincide con CiU y con el PSOE en reclamar que se suprima la posibilidad de sancionar o inhabilitar a cargos públicos autonómicos o locales cuando incumplan las obligaciones de buen gobierno que impone la ley.

El grupo de la Izquierda Plural, que ha registrado más de cincuenta enmiendas, plantea que las obligaciones y controles se apliquen a la Corona y la Familia Real en igualdad de condiciones al resto de instituciones afectadas.

En la misma línea, UPyD ha abogado por una ley que impida casos como el que ha ocurrido en la Agencia Tributaria "con la opacidad de los NIF de la Casa Real y ha registrado 78 enmiendas en las que, entre otras cosas, pide que las obligaciones se apliquen a todas las instituciones públicas y a todas las privadas que reciban dinero público "en cualquier cuantía".