La juez de los ERE acusa a los sindicatos de financiarse irregularmente

El último auto de prisión dictado por la juez que instruye el caso de los ERE lanzó el martes una auténtica bomba contra la línea de flotación de los sindicatos. Según Mercedes Alaya, las federaciones andaluzas de CC.OO y UGT encontraron en la trama "una forma de financiación irregular" durante una década. El directivo de otra de las mediadoras implicadas aseguró además que ambas organizaciones exigían un porcentaje de cada expediente que tramitaban como "medida de presión".

La noche del martes Alaya ordenaba el ingreso en prisión eludible bajo de fianza de 600.000 euros de José González Mata, dueño de la mediadora Uniter. Le imputaba ocho delitos y consideraba que participó "de manera activa en la utilización ilegítima de fondos públicos" de la Junta con el concierto de altos cargos de la administración como los directores generales de trabajo Javier Guerrero, su sucesor Juan Márquez y el consejero de Empleo Antonio Fernández. Pero como ya apuntó en otros autos, los sindicatos también jugaron un papel "decisivo" ya fuera en labores de contacto e información previa sobre las empresas en crisis, de facilitación del proceso y de remuneración posterior por parte de las mediadoras o la propia empresa. Así, las organizaciones sindicales presuntamente recibieron en total 7,6 millones de euros en estas comisiones.

En este sentido, y aunque González Mata señaló en su declaración judicial que el dinero que abonó a los sindicatos era por las labores que realizaron, Alaya sostiene que UGT y CC OO habrían recibido "pagos periódicos" de las mediadoras, "los cuales se verificarían de manera fraccionada a través de distintas entidades y no responderían a ningún concepto definido y efectivamente soportado, pues los mismos no prestarían ni facturarían ningún servicio que los justificara".

El auto de prisión del director de Uniter abunda en esta línea y señala que, al menos indiciariamente, ambas organizaciones sindicales "habrían impuesto, de manera arbitraria e ilegítima, tales pagos como contraprestación a su papel facilitador de los procesos de reestructuración empresarial".

Alaya encuentra sostén a su razonamiento en la declaración que el miércoles realizó el exdirector comercial de la otra mediadora que tramitó las pólizas de prejubilación. Según explicó ahora Antonio Albarracín, ya encarcelado en marzo y puesto en libertad tras abonar una fianza de 600.000 euros, UGT y CC OO tenían una relación "enormemente fluida" con los directivos de la Junta y cobraban cada uno un porcentaje de 0,5% en cada expediente "como medida de presión", ya que de no recibirlo amenazaban con no firmarlos y acabar así con el negocio en que acabaron convertidas las ayudas. Las mediadoras, explicó, "no tenían más opción, o lo pagabas o no hacías la operación".