La Policía Nacional ha detenido en la tercera fase de la operación Pitiusa contra una red de tráfico de datos a detectives, miembros de su propio cuerpo y de la Guardia Civil e inspectores de Hacienda, según informan a Europa Press fuentes cercanas al caso.

En la operación se prevén una treintena de arrestos en Barcelona, Madrid, País Vasco, Cantabria, Aragón y Andalucía, y concretamente una quincena en la capital catalana, donde según fuentes policiales ya se han hecho efectivos ocho.

Las detenciones se realizan a petición de la Fiscalía, por venta y tráfico de datos obtenidos ilegalmente, y coordina la investigación el Juzgado de Instrucción 17 de Barcelona y en el caso trabajan los fiscales Anticorrupción Fernando Bermejo y Pedro Horrach.

Los detenidos de Barcelona han sido citados para este miércoles en la comisaría de La Verneda, donde se les tomará declaración y se les notificará el arresto formalmente, para después dejarles previsiblemente en libertad con cargos.

En esta macrooperación, realizada a principios de mayo del año pasado, ya habían sido detenidas 88 personas de 11 comunidades autónomas, y se practicaron un total de 46 registros en dos fases.

Los arrestados, a los que según los casos se les atribuye intrusismo profesional, descubrimiento y revelación de secretos, cohecho y blanqueo de capitales, son mayoritariamente detectives privados, aunque también hay empleados públicos y empresarios, asalariados y particulares.

La operación Pitiusa arrancó en marzo de 2011 en torno a las actividades de un exdetective privado de Barcelona, actualmente policía local, que presuntamente utilizaba y cedía datos confidenciales obtenidos por su condición de funcionario público.

Formaba parte de una estructura organizada de carácter horizontal dedicada al mercadeo de información y datos reservados de carácter personal y empresarial a gran escala, con ramificaciones en todo el territorio nacional.

Los datos con los que se comerciaba abarcan desde matrículas hasta historiales médicos completos o expedientes de la Agencia Tributaria y con ellos sus compradores podían alcanzar una situación ventajosa frente a otras empresas de la competencia.