Urdangarin dice que se verá abocado a un "injusto empobrecimiento"

El Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, ha denunciado haber visto vulnerado su derecho de defensa tras decretarse la fianza de 8,2 millones de euros decretada contra él y su exsocio Diego Torres, ya que se vería abocado a un "injusto empobrecimiento". Además, ha criticado que la instrucción del caso se vaya "rellenando con nuevos delitos".

Así lo expone en el recurso de reforma, al que ha tenido acceso Europa Press, que el imputado ha interpuesto contra el auto de responsabilidad civil dictado por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, para garantizar las posibles responsabilidades pecuniarias que se deriven de este proceso judicial. Tanto Urdangarin como Torres -quien no ha aclarado si pagará la fianza- tienen hasta esta medianoche para hacer frente al pago de la caución.

Un recurso de reforma en el que, además, considera que, en el caso de que finalmente devenga firme la fianza en la anterior cuantía, se vería abocado a un "injusto empobrecimiento" y se produciría un "enriquecimiento injusto" para los beneficiarios de la anterior cantidad. Tanto el Duque como Torres tienen hasta esta medianoche para hacer frente al pago de la caución.

En concreto, el escrito de impugnación acota su análisis a la transcripción que el magistrado incluye en su resolución de diversas declaraciones tanto de imputados como de testigos, en base a las cuales se ha "vedado" la posibilidad de discutir u ofrecer "un juicio de injerencia distinto al realizado prematuramente por el instructor".

Es más, la defensa de Urdangarin alude a la "inclusión parcial, sesgada y fuera de plazo" del contenido de determinados documentos, cuya elección "también ha sido subjetiva", así como de parte de determinadas declaraciones en sede policial y judicial, que "impiden emitir cuantas alegaciones resultasen convenientes para la defensa de sus legítimos intereses".

"La extemporánea, novedosa y sorpresiva introducción por parte del magistrado en las páginas 293 a 510 (ahí es nada)" de los anteriores documentos y comparecencias causa, insiste en su recurso, "una indefensión a esta defensa al transgredirse el principio acusatorio".

Se trata de una situación que el abogado de Urdangarin ha calificado de "instrucción evolutiva (no se conoce a ciencia cierta qué hechos se están imputando a mi mandante) ora basada en "trozos o partes de determinados documentos, ora en las declaraciones parciales, sesgadas de determinados testigos o imputados", lo que, recrimina, provoca una "irreversible indefensión".

El letrado apunta asimismo al hecho de que, al incorporar "todo ese acervo documental y declarativo" en el auto dictado el pasado 30 de enero, "sin posibilidad procesal de rebatirlo en tiempo y forma", esto "está causando, de nuevo, afirmamos, indefensión irreparable".

Por otro lado, en lo que al importe de la fianza se refiere, la defensa asevera que de mantenerse esta cuantía su patrocinado se vería "abocado a garantizar a favor de terceros, importes que previamente se han abonado tanto a la Hacienda pública como a proveedores y trabajadores relacionados bien con los Congresos de Baleares, bien con los de Valencia".

"Se insiste en la convicción y postura procesal de que a mi mandante no se le debe aplicar fianza alguna de responsabilidad civil provisional derivada de la imputación de determinados delitos", asevera el letrado Mario Pascual Vives, quien recuerda que del Instituto Nóos "sólo percibió la sociedad Aizoon -de la que Urdangarin es copropietario al 50 por ciento junto a la Infanta Cristina-, durante los años 2004 y 2005, el importe bruto total de 706.932 euros".

A juicio del letrado, la cantidad decretada "resulta desproporcionalmente excesiva" y, en caso de resultar la definitiva, "supondría que ninguna de las facturas emitidas por los responsables de las diferentes sociedades y asociación afectadas y aportadas por la defensa de don Diego Torres, y pagadas a terceros, no se computasen, descontándose de la anterior cantidad".

"Se van buscando nuevos delitos"

La defensa asevera en el recurso de reforma que "a medida que se va avanzando" en la instrucción de estas pesquisas "se van buscando nuevos delitos: ahora el de tráfico de influencias -incorporado 'exnovo' en el auto por el que la semana pasada el juez decretó la caución-, hace poco el de blanqueo de capitales y el fiscal".

"Esta defensa no sabe de qué hechos o delitos debe defenderse de manera concreta y precisa", recrimina el abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, quien considera que de esta forma se van asimismo "orillando los principios de acusación y contradicción, básicos en el procedimiento penal".

Al hilo de lo anterior, el letrado se reafirma en las alegaciones que ya presentó contra la petición de la fianza por parte de la Fiscalía y el sindicato Manos Limpias -ahora acordada por el magistrado-, recalcando cómo "ha repetido hasta la saciedad" que el yerno del Rey Don Juan Carlos "no se ocupaba de materias contables, fiscales, administrativas y por ello nunca ha podido aportar factura alguna".

Asimismo, considera en su escrito que la cantidad que de forma alternativa solicitaron el Ministerio Público y Manos Limpias, la de 5,9 millones de euros, "resultaría más equitativa", resultante de sumar los 795.665 euros obtenidos por el Instituto Nóos de Baleares en 2005 y los 646.526 percibidos en 2006; los 837.597 de Valencia en 2004, 1,1 millones en 2005 y 590.581 en 2006, así como los 380.000 euros por los Juegos Europeos, más la suma de un tercio de la cantidad global marcada por la Ley.

Finalmente, la defensa insiste en las conclusiones del extenso dictamen jurídico que presentó recientemente ante el juez a fin de intentar avalar que los convenios rubricados por el Instituto Nóos con el Govern balear y la Generalitat Valenciana no estaban sujetos a la contratación pública, de forma que no cabía supervisar o auditar el precio abonado por los Ejecutivos autonómicos como contraprestación.

Responden así, según la defensa, a la legalidad vigente cuando se suscribieron. El dictamen, con 56 páginas y un minucioso análisis de los convenios investigados, fue entregado al instructor de las investigaciones, José Castro, junto a sus alegaciones contra la fianza civil solicitada entonces por las acusaciones.