Ley de transparencia

Rajoy evita el caso Bárcenas y plantea un acuerdo contra la corrupción

Defiende las medidas que está impulsando su Gobierno -como la ley de transparencia o la reforma de la financiación de los partidos- convencido de que generarán "más control y mayor responsabilidad".

Rajoy y Sáenz de Santamaría, al inicio de la sesión de control al Ejecutivo este miércoles.
Rajoy promete trabajar en busca de un acuerdo contra la corrupción
EFE

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no ha hecho ninguna referencia al 'caso Bárcenas' en su primera intervención en el Pleno extraordinario de control al Ejecutivo que celebra este miércoles el Congreso. Pese a que el coordinador federal de IU, Cayo Lara, le ha llegado a advertir de que la "bomba" del extesorero del PP le "puede a estallar al Gobierno", el presidente se ha limitado a renovar su oferta de un pacto contra la corrupción.


Lara ha sido el primero en interrogar al jefe del Ejecutivo sobre los supuestos sobresueldos y la financiación irregular del PP y ha retado a Rajoy a participar en un Pleno monográfico sobre corrupción que siente las bases de un plan para luchar contra esta lacra que, ha recalcado, "es un cáncer para la democracia".


Rajoy no ha respondido a la propuesta de una sesión monográfica sobre este tema y únicamente se ha referido al pacto contra la corrupción que ya ofertó la semana pasada: "Yo estoy dispuesto a elaborar un plan acordado entre todos los partidos que quieran hacerlo", se ha limitado a replicar, recordando que la semana pasada, la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, ya contactó con los portavoces de siete grupos parlamentarios para sondear la posibilidad de un acuerdo.


Según Rajoy, en esas conversaciones la 'número dos' del Ejecutivo además de ofrecer ese pacto global, trasladó a los grupos la "máxima disposición" del Gobierno a aceptar enmiendas que permitan una cuerdo en torno a la Ley de Transparencia que se tramita en las Cortes.


El presidente también ha insistido en que el informe que su Gabinete ha encargado al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y que estará listo en "unas semanas" puede servir de base para abrir la discusión con el resto del arco parlamentario. "Sobre estas bases de puede construir entre todos en positivo si hay voluntad política de hacerlo, mi grupo la tiene", ha indicado Rajoy.


Lara respondido a la propuesta de pacto de Rajoy rechazando de nuevo integrarse en un foro que, a su juicio, no va a ser más que "un lavado de imagen de la cara del problema de la corrupción", un fenómeno que azota a un país que, además, se "desangra" con "seis millones de parados, más de 300.000 personas desahuciadas de sus casas, probeza, exclusión social y hasta suicidios".


A continuación, ha citado una retahíla de casos de corrupción que afectan a varios partidos: Gürtel, Urdangarín, Pallerols, Fabra, Palau de la Música, Pokemon, Eres y Matas, hasta llegar al del extesorero del PP, con sus más de 20 millones en una cuenta en Suiza y presunta la circulación de "sobres invisibles por Génova" que, según ha explicado a Rajoy, ha creado "escándalo público, indignación y alarma social".


Para Lara, la corrupción es fruto de un "modelo perverso" y desde la burbuja inmobiliaria se ha convertido en "sistémica" y en un "cáncer para la democracia" porque "socava sus bases, provoca desafección ciudadana y da pábulo al todos son iguales que es la base para los populismos".


En la sesión de control del Congreso, y en respuesta al líder de IU, Cayo Lara, Rajoy ha defendido las medidas que ha impulsado o está impulsando su Gobierno -como la ley de transparencia o la reforma de la financiación de los partidos- y se ha mostrado convencido de que generarán "más transparencia, más control y mayor responsabilidad"



Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha añadido que "si hay que modificar el Código Penal y endurecer las penas, se hará", respondiendo así a la diputada de UPyD Rosa Díez que le ha preguntado si el Gobierno va a acometer alguna reforma legislativa complementaria para "prevenir, perseguir y condenar" la corrupción política.