El Congreso ha convalidado el decreto de reforma sanitaria que pretende ahorrar más de 7.000 millones de euros en el Sistema Nacional de Salud, con la mayoría parlamentaria del PP, el apoyo del único diputado de UPN y el rechazo del resto de los grupos de la oposición.

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha defendido que gracias a estas medidas se garantizan la sostenibilidad y universalidad de la Sanidad pública, mientras que los otros partidos han criticado que la norma no se haya tramitado como un proyecto de ley al que poder presentar enmiendas.

El Congreso ha rechazado una petición en este sentido de los grupos parlamentarios, algo que ha justificado la ministra en que España atraviesa "un momento excepcional y de urgencia".

Mato ha resumido los objetivos de este decreto en garantizar el futuro de la Sanidad, cuya deuda se ha vuelto "insostenible", afrontar con "urgencia y determinación" que la situación se "volviese irreversible" y garantizar el derecho de los españoles a una sanidad universal, gratuita y de calidad.

El real decreto, aprobado por el Gobierno el 20 de abril, incluye actuaciones como el "copago" farmacéutico, que por primera vez tendrán que asumir los pensionistas, y medidas para controlar el "turismo sanitario" como la retirada de la tarjeta a los inmigrantes ilegales.

Durante el debate, la vicepresidenta del Congreso, Celia Villalobos, ha tenido que intervenir numerosas veces por los cruces de acusaciones entre el portavoz del PSOE José Martínez Olmos y la ministra, después de que éste denunciara públicamente su supuesta "incompetencia" por "dañar" con este "decretazo" la salud de los españoles.

La propia Villalobos ha debido pedir disculpas por aludir al "machismo" con el que intervenían algunos hombres en la Cámara, palabras por las que se ha sentido molesto Martínez Olmos.

En su intervención, el diputado socialista ha querido hacer visible su rechazo al copago al sacarse del bolsillo varios medicamentos y exhibirlos en el atril, para ejemplificar cómo los pensionistas corren el riesgo de prescindir de algunos de ellos si se ven obligados a adelantar su pago, aunque parte de la cuantía se les devuelva posteriormente.

Durante el pleno, que han seguido desde la tribuna representantes de organizaciones de pacientes y sindicatos, ERC ha exhibido un cartel con la leyenda: "Bankia 10.000 millones, Sanitat cero".

En su discurso, Mato ha insistido en que con esta reforma el Gobierno "atiende a varios desafíos" que ponían "en riesgo" la Sanidad española, aquejada de una deuda de 16.000 millones de euros.

Las medidas que contiene, en su opinión, "garantizan el actual modelo sanitario" dando cumplimiento a lo que establece la Constitución y la Ley General de Sanidad sobre el derecho de los ciudadanos a la asistencia sanitaria, pero mejorando los procedimientos de incorporación a esta prestación.

"Nada ha cambiado en cuanto a la extensión del derecho, tan solo se clarifican los procedimientos de acceso para evitar el descontrol" que suponía el que "con solo empadronarse" en España cualquiera tuviese acceso a la tarjeta sanitaria.

También ha resaltado que se homogeneizará la cartera común básica del Sistema Nacional de Salud, para que los ciudadanos tengan "los mismos derechos y las mismas prestaciones, independientemente del lugar en el que residan".

La ministra ha insistido en "dejar fuera del debate partidista" estos asuntos y, por ello, ha vuelto ha apostar por que los partidos políticos suscriban un pacto de Estado por la Sanidad y los Servicios Sociales.

Los portavoces de la oposición han coincidido en el debate, que se ha prolongado durante más de tres horas, en que éste era "un día triste" y "de luto" porque se anula el actual modelo y se excluye a determinados colectivos sociales de la cobertura sanitaria.

Entienden, además, que con la convalidación de este texto legislativo se cierra la puerta al Pacto por la Sanidad al no dar cabida a los demás grupos a participar en las nuevas medidas de ahorro.

También han censurado la "chapuza jurídica" con que se ha tramitado la iniciativa, como muestran la serie de 73 correcciones de errores que modifican el real decreto.

El diputado de Izquierda Plural Gaspar Llamazares ha denunciado, además, un desfase de 500 millones de euros entre el ahorro que contemplaba el texto aprobado por el Consejo de Ministros y su memoria económica.

Los diputados críticos han interpretado la reforma como "una puerta abierta a la privatización de la Sanidad" y han lamentado que este servicio público pueda convertirse en "un negocio".

Algunos parlamentarios han alertado al Gobierno de la "insumisión" que llevarán a cabo las organizaciones sanitarias a la hora de no atender a los inmigrantes ilegales que, según el decreto, tendrán que acudir a urgencias en caso de necesitar tratamiento.

El Congreso aprueba con los votos del PP ahorrar 3.000 millones en Educación

El pleno del Congreso ha aprobado hoy con los votos del PP y el rechazo del resto de grupos parlamentarios el real decreto-ley de medidas urgentes para la racionalización del gasto en todos los niveles educativos y conseguir un ahorro superior a los 3.000 millones de euros.

La Cámara ha rechazado la tramitación de la norma como un proyecto de ley, lo que había sido pedido por varios grupos.

El decreto, que el Consejo de Ministros aprobó el 20 de abril, permitirá a las comunidades reducir sus presupuestos en más de 3.000 millones de euros en conjunto, según el Gobierno, para facilitarles el cumplimiento del objetivo de déficit autonómico.

En el debate, los grupos de la oposición habían anunciado que votarían en contra de la norma, que ha sido apoyada por el PP, con mayoría absoluta en la Cámara.

Entre otras medidas de la enseñanza no universitaria, el máximo de alumnos por aula de centros públicos y privados concertados podrá aumentar un 20 por ciento desde el curso próximo.

El profesorado de la educación pública y concertada en infantil y primaria tendrá un mínimo de 25 horas lectivas semanales, y de 20 en las otras enseñanzas.

En las universidades públicas, los alumnos pagarán entre el 15 y el 25 por ciento, según decida cada comunidad, del coste real de los grados y de los másteres que habilitan para ejercer profesiones, y hasta el cien por ciento en segundas y sucesivas matrículas.