Es bien conocido el problema de cobro de las recetas de medicamentos dispensados por las oficinas de farmacia con cargo al sistema de salud. Parece que esta situación, aún más grave en Cataluña, se ha convertido en una fuente recurrente de financiación para las administraciones autonómicas que utilizan con frecuencia. Últimamente, también en Aragón.

El sector del medicamento es clave en la sanidad, y la sanidad, en el llamado estado de bienestar. El medicamento se dispensa en la red de oficinas de farmacia, una red accesible, profesional, próxima y fiable. La farmacia es, por ley, un establecimiento privado de interés público. Esta peculiar idiosincrasia le confiere derechos y obligaciones. Entre estas últimas están, entre otras, los servicios de urgencia 24 horas, el mantenimiento de unas existencias mínimas y la obligación de dispensar y abastecer de medicamentos a los ciudadanos. O sea, el farmacéutico está obligado a dispensar. Como derechos, entre otros, el cobro de las recetas dispensadas en tiempo y forma.

Desde el punto de vista económico, la oficina de farmacia mantiene un ‘stock’ de medicamentos que compra y paga a la distribución según los dispensa. Los ingresos los usa, además de para pagar los medicamentos (con un margen regulado y transparente), para nóminas, operaciones corrientes, mantenimiento del establecimiento, inversiones necesarias para cumplir sus responsabilidades de acopio de medicamentos a la sociedad y honorarios profesionales. Todo en una economía muy ajustada, límite en muchos casos. Tanto que el importe del impago de un mes equivale a la renta de diez meses del farmacéutico.

Dicho esto, parece obvio que cuando se rompe el flujo de cobros, la farmacia debe acudir al crédito para cumplir sus obligaciones sanitarias, sociales y financieras. Vivir a crédito provoca una restricción económica que se traduce en el deterioro del servicio, la pérdida de confianza y la inseguridad a la hora de crear empleo, además del consabido pago de intereses de la deuda contraída. Muchas son las razones de sentido común para cumplir con los pagos, desde distintos puntos de vista. Desde el sanitario, nadie duda del papel que aporta el medicamento como factor necesario para curar y mantener la salud de una población. Desde el social, a nadie se le escapa que tener una farmacia muy cerca, con un profesional accesible y fiable que garantiza el medicamento en las mismas condiciones de precio y plazo, supone un pilar importante del estado de bienestar. Y, desde el punto de vista económico, en los tiempos que vivimos, que la Administración garantice los cobros a los prestadores de servicios en su momento es, probablemente, la mejor medida para impulsar el crecimiento y edificar una economía estable. No debemos olvidar qué es la farmacia para los ciudadanos, pero también hay que tener en cuenta lo que puede ser en el futuro escenario sanitario. Para eso, necesita tener cierta solvencia económica y, sobre todo, seguridad en los cobros.

La farmacia lleva mucho tiempo sobreviviendo con los impagos, ahorrando mucho al sistema sanitario con los recortes –la facturación ha bajado un 30% desde 2010– y cumpliendo sus funciones públicas. Por ello, es hora ya de ponerla al día con los pagos.