Las plantas de tratamiento de residuos trabajan por debajo del 30% por las escombreras ilegales

Su competencia es "lo ilegal". Los centros de tratamiento de residuos de construcción de Soria viven horas bajas por culpa de las escombreras no autorizadas. La planta de Almazán, diseñada para dar servicio a 60 camiones al día, apenas recibe "uno o dos". La de Golmayo, con capacidad para 100.000 toneladas anuales, trabaja al 30%. Los empresarios aseguran que la Administración es "muy benévola" y que "podría hacer más" para que las constructoras cumplan la ley. El sellado de puntos prohibidos avanza "poco a poco". La gente, afirman, "aprovecha cualquier descampado" para deshacerse de los desechos "a coste cero". Luis Miguel Beltrán, gerente de Gestión de Residuos Soria SL, encargada del centro de Golmayo, alaba el papel de cuerpos como el Seprona, pero cree que, pese a que los medios son los que son, las administraciones "podrían actuar aún más rápido".

"Una parcela puede cerrarse en una semana, no hace falta esperar tres meses o un año", apuntó. Él estima que si el 80% de las compañías cumpliesen la ley recibirían "entre 50.000 y 60.000 toneladas anuales", el doble que ahora. "Hay poco residuo, y el que hay va a parar a escombreras ilegales", lamentó. Beltrán aboga por obligar a los infractores a "sacar los desechos de los puntos no autorizados" y a gestionarlos legalmente. "Eso sí que les dolería. La ley es dura, pero muchas veces, pagar una multa sale rentable", indicó.

Los centros de tratamiento de la región son, a menudo, "deficitarios". El de Golmayo, de acuerdo con su gerente, camina por la cuerda floja. La gestora ha paralizado parte de las inversiones, aunque sigue adelante con el vertedero de cola, que ampliará la plantilla de nueve a once trabajadores.

Beltrán reconoce vivir "con la lengua fuera" para no caer en números rojos. "Están en juego nuestros puestos", aseveró. El nuevo vertedero, en fase de tramitación, supondrá un balón de oxígeno. De no salir adelante, la planta aguantaría "solo uno o dos años más". El problema, sostiene el gerente, "no está en los precios", ya que "se han mantenido". "Tratar una tonelada de hormigón limpio cuesta ocho euros. El material inerte está a 10,5 euros la tonelada y el material mezclado, a 18,50. Cuanto mejor clasificado está menor es el coste", comentó. Los afectados creen que en la construcción "hace falta más concienciación". "Hay empresas de diez, pero muchos, creyendo que es más caro, ni preguntan por los precios. Con la industria, sin embargo, ocurre lo contrario. Tienen otra conciencia", manifestó .

El centro de tratamiento de Almazán lo tiene aún más complicado, ya que "la capital siempre se puede defender mejor" que la provincia. Allí trabajan "bajo mínimos", entre el 10% y el 15%. Su administrador único, Valeriano Machín, asegura que a la hora de hacer cumplir la ley "las administraciones miran hacia otro lado". "El ciudadano se salta el reglamento y nadie dice nada. Cada cual debe asumir sus responsabilidades", declaró. Entre sus obligaciones, dice, no entra la de denunciar a nadie. "Seguiremos hasta que nos cansemos y cerremos", admitió. Obligar a trasladar los escombros ilegalmente depositados sería "una solución a medias", ya que los hay que se acumulan "desde hace 10 o 15 años" y, por tanto, "se desconoce la identidad de los infractores".Cierres graduales en la provincia

Las parcelas ilegales están "escasamente detectadas". Beltrán estima que en la provincia hay al menos cuatro o cinco "importantes". Las hay que reciben "hasta cuatro camiones diarios". Los ayuntamientos, no obstante, parecen estar "poniéndose al corriente". En Matute de la Sierra, pedanía de Almarza, hubo una autorizada "en su día", pero la normativa actual obligó a clausurarla y a tratar los residuos en la capital. Aunque el Consistorio anunció el cierre, no se descarta que, a título particular, varias personas hayan seguido llevándolos hasta allí sin autorización. "El Ayuntamiento hizo lo que tenía que hacer. Si se dio el caso, habrá denuncias", anunció Ascensión Pérez, regidora de Almarza. En Ágreda, otro de los municipios señalados, ocurre lo mismo. "Hubo una en su momento, pero lleva un tiempo inactiva. Si alguien ha depositado allí sus escombros lo ha hecho sin autorización", recalcó su alcalde, Jesús Manuel Alonso.

Los fuegos, de acuerdo con Beltrán, se apagan "poco a poco". "Estamos en contacto directo con las administraciones", señaló. Los empresarios insisten en que las prácticas ilegales "son comunes a toda España". Estos comportamientos "perjudican gravemente al medio ambiente", ya que, a menudo, los desechos se acumulan en "suelos no adecuados". El futuro "está difícil". "Las administraciones deben darse cuenta de que este es un sector estratégico. No les estamos pidiendo dinero, pedimos que se cumpla la ley", indicó el gerente. La caída de las pequeñas reformas, síntoma de la "mala racha" de la construcción, "también se ha notado". "Antes había un goteo de pequeños camiones y furgonetas, pero ahora, esos residuos acaban hasta en los cubos de la basura", explicó.