Hacienda vigila las cuentas de 18 consistorios de Soria con planes económico-financieros

O han excedido la regla de gasto o presentan o presentaban necesidades de financiación. También pueden haber incumplido el objetivo de deuda pública. Del año 2015 a 2017 han sido 18 los ayuntamientos sorianos que han requerido de un plan económico-financiero por un desvío total en sus cuentas de 1,8 millones de euros. Esa cantidad es la resultante de la necesidad de financiación de los consistorios (cuando los gastos superan a los ingresos en la ejecución del presupuesto) y el margen con el que han superado su techo de gasto (en base al gasto realizado en ejercicio anterior). Son los coletazos de la denominada ‘Ley Montoro’, aquella redactada con el objetivo de sanear las cuentas de la Administración pública pero que algunos alcaldes critican por dejarles "con las manos atadas", a veces "un año sí y otro no".

Este último es el caso de Golmayo. Su alcalde, Benito Serrano, explica cómo incurrió el Consistorio en un incumplimiento de la regla de gasto de 1,1 millones de euros en 2015, la mayoría de lo computado en la suma de todos los municipios. "Aquel año recuerdo que había infraestructuras sin terminar, estábamos con la obra del polideportivo y algo del ayuntamiento también", rememora. El resultado de la estabilidad presupuestaria también fue negativo (-284.428 euros). "La cosa es que es que si tienes un remanente, que era entonces, creo, de 700.000 euros, no puedes gastarlo para no pasarte, pero también es tontería pedir un crédito", critica.

Como con los gustos, hay municipios en la lista de todos los tamaños y también de distintos colores políticos. Todos excepto dos, Golmayo y Covaleda, no pasan de los 200 habitantes. El resto se reparte entre los 14 vecinos empadronados de La Losilla y los 186 de Retortillo de Soria.

La mayoría, de nuevo, han superado su límite de gasto. Esta cuenta se salda con un resultado negativo de 1,5 millones de euros.

Las razones de los desvíos, en base a la Ley de Estabilidad Presupuestaria (2012) y la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales (Ley Montoro, 2013), también son variopintas. La mayoría se registran por inversiones que han de ejecutarse y llegan en el último trimestre para desestabilizar la cuenta de ingresos y gastos previstos en el presupuesto o gastos imprevistos que requiere el ejercicio de las funciones de la corporación en el municipio.

La primera norma, aprobada hace ahora un lustro, venía a "garantizar la financiación adecuada del sector público y los servicios públicos de calidad sobre los que descansa el sistema de bienestar". La crisis hizo reaccionar entonces al Gobierno con una ley que requiere que todas las Administraciones Públicas deben "presentar equilibrio o superávit, sin que puedan incurrir en déficit estructural". Una de las críticas más repetidas contra la idea de Montoro es que esta norma limita el gasto social para pagar deuda a bancos. Otra es la de que el techo de gasto se calcule con el gasto realizado el ejercicio precedente y no el presupuestado.

Así, los desvíos mencionados, tomados como incumplimientos por el Ministerio de Hacienda, derivan en el seguimiento de los movimientos financieros de las entidades a través de una planificación que, como explican fuentes de la Administración central, busca "asegurar que se va reconducir la situación". El reajuste de las cuentas ha de producirse en entre uno y dos años.

Deuda y cuentas mesuradas

La cuestión es que al activar un plan económico-financiero, el gasto ha de contenerse al menos durante un año, hasta que la situación se revierte. Explica Serrano que para un ayuntamiento "que no tiene deuda" esta medida "no tiene ningún sentido". De los 18 ayuntamientos intervenidos han sido tres los que contaban con deuda pública, todos en 2015: Valdemaluque, Valtajeros y Cerbón.

Y el edil avisa: "Este año con las piscinas problablemente nos volvamos a pasar". En Carrascosa de la Sierra tuvieron que realizarlo en 2015 y vuelve a necesitarlo en 2017.

La crítica es compartida por el alcalde de Covaleda, José Antonio de Miguel. Durante el año pasado el Consistorio superó su techo de gasto en 50.863 euros. Su estabilidad presupuestaria era positiva (44.923 euros). "En un ayuntamiento lo primero es pagar deudas, pero eso limita mucho los proyectos que luego pueden hacerse", considera. En su caso, según relata, el desvío se produjo al hacer frente a los pagos sin realizar de la anterior corporación. "Fueron unos 120.000 euros", recuerda. Aquello ocurrió en 2016 y el plan económico-financiero se aprobó a comienzos de este año. Con ello, durante este ejercicio y el siguiente deberá aplicar una serie de medidas que corrijan los desequilibrios causados.

Concienciar a los concejales

Estas medidas van desde concienciar del gasto de manera periódica a los concejales, como es el caso de Covaleda, a concentrar las inversiones y gastos menores en el último trimestre del año, para acometerlos dependiendo de la ejecución del presupuesto a lo largo del año. Cuenta De Miguel que el caso, curioso, de los concejales se debe a que "son todos nuevos" y a que es necesario "conocer qué es lo que se puede hacer según con lo que cuente el Ayuntamiento".

Estas medidas, no obstante, no son obligatorias para todos los consistorios. Explican desde Hacienda que en algunos casos, la mayoría, "con su situación normal de gasto las entidades recuperan capacidad de financiación y cumplimiento de regla de gasto, pero deben aprobar un plan porque la ley lo exige".