El intento de sindicatos y partidos de la oposición de llevar más allá de lo previsto el incremento de las pensiones en 2017 ha caído en saco roto. El Gobierno del PP ha desoído a UGT, CC. OO., PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV y la antigua Convergencia, que la semana pasada exigieron en bloque revalorizar un 1,2% las percepciones, porcentaje coincidente con el alza esperada del IPC el próximo año.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy, sin atender la iniciativa que como proposición no de ley presentaron las citadas formaciones en el Congreso, comunicó oficialmente a Bruselas dos días después que el incremento a partir del 1 de enero se limitará al 0,25% (el mínimo que marca la ley que está en vigor desde 2013 tras la reforma aplicada por el propio PP y que recoge como máximo el IPC más el 0,5% si bien anualmente se determina a través de una fórmula en función del desarrollo económico y los ingresos y gastos de la caja central). Así lo determinó el viernes el Consejo de Ministros del Gobierno en funciones en la aprobación del programa presupuestario de 2017 que el sábado remitió a la Comisión Europea.

Por cuarto año consecutivo, todos desde la nueva regulación, las pensiones públicas crecerán un 0,25%. Eso supondrá, entre otras cosas, un nuevo ejercicio de pérdida de poder adquisitivo para los beneficiarios, toda vez que los precios crecerán por encima del 1% atendiendo a las estimaciones estatales. En términos prácticos, en la repercusión en el bolsillo, de lo que todo el mundo entiende, aplicar ese 0,25% recogido como mínimo en la norma significa que la cuantía media que se percibe en Soria se verá incrementada en apenas dos euros al mes, que supondrá menos de 30 euros al cabo de todo el año sumando las dos extraordinarias a las mensualidades. Dicho de otro modo, la paga media que se percibe en Soria y que se situaba en 838,50 euros al mes al cierre de septiembre, se convertirá en 840,59 euros mensuales.

Pero generalizar el porcentaje de revalorización ocasionará nuevamente desigualdades entre los que menos reciben y los que más. Aplicar un valor idéntico en todos los casos desemboca en que las diferencias entre los dos extremos sean cada vez mayores, lo que denuncian por activa y por pasiva los sindicatos, entre otros colectivos. Más de 170 sorianos, según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, reciben menos de 150 euros mensuales en concepto de pensión. Se trata de la paga más baja. Estas personas verán aumentada su nómina en 37 céntimos al mes a partir del 1 de enero, lo que representa 5,25 euros en todo el año. Por el contrario, la paga máxima del sistema público, que supera los 2.500 euros aunque sólo existen tres perceptores en la provincia, recibirán 6,4 euros añadidos al mes, cerca de 90 euros más a lo largo de todo el año. Esto es fruto de las grandes diferencias del sistema de pensiones.

Más de 12.200 de los 22.400 pensionistas sorianos ni siquiera alcanzan los 700 euros mensuales. Significa el 54,54% del total. No obstante, el 18% (4.140) de los perceptores de la provincia ni siquiera alcanza los 500 euros. Y otras 2.800 no llegan a los 300 euros, cerca del 13% del total de beneficiarios. El 75% recibe menos de 1.000 euros, unos 17.000 pensionistas. Es decir, que más de 1.000 euros perciben unos 5.500 beneficiarios, siendo la mayor parte correspondientes a jubilaciones (las tipologías de pensiones de incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares son en gran medida inferiores a los 800 euros). Asimismo, quienes perciben más de 2.000 euros son cerca de 1.000 en la actualidad.

El Fondo de Reserva del Estado, la llamada hucha de las pensiones, ha pasado de 70.000 a 25.000 millones de euros desde 2011. A este ritmo, la partida no durará mucho más de un año, lo que ha encendido todas las alarmas. De hecho, la comisión de seguimiento del Pacto de Toledo, inscrita en el Congreso de los Diputados, ha intensificado ya las reuniones para dar solución al problema. El objetivo: consensuar una nueva reforma de las pensiones para asegurar la sostenibilidad del sistema público.