La Ley de Coordinación de Policías Locales de Aragón sigue generando quebraderos de cabeza en la Comunidad. A los recursos ante el Tribunal Constitucional y las críticas sindicales, se les une ahora la batalla que ha iniciado un agente de la localidad oscense de Sabiñánigo. Y de momento, parece que va ganando.

El Justicia de Aragón acaba de publicar un informe en el que da la razón a este policía por un agravio en la retribución que percibe, menor que la de otros compañeros de la misma categoría y con las mismas funciones. Algo prohibido por la Constitución según numerosas sentencias.

El origen del problema se sitúa en la reclasificación de puestos que estableció la citada ley en 2013, que ubicó a los policías y oficiales en el grupo C, subgrupo C1 de la escala ejecutiva. Lo normal es que este movimiento fuera acompañado de un incremento de su salario. Sin embargo, aquel año el Gobierno central estableció en su Ley de Presupuestos que los funcionarios “no podrán experimentar ningún incremento” salarial respecto al ejercicio anterior. Un imperativo que se prolongó hasta 2015.

En consecuencia, la Ley aragonesa introdujo una disposición transitoria (3ª) por la cual la reclasificación no podría suponer un aumento de sueldo. La solución que se adoptó fue la de mantener la retribución base pero reducir los complementos.

El agravio ha llegado con el levantamiento del 'veto' por parte de Madrid, ya que en 2016 se permitió un incremento del sueldo de los trabajadores públicos del 1%. Las actuales contrataciones de agentes en el Ayuntamiento de Sabiñánigo han llegado sin restricciones, por lo que la nómina de los nuevos policías es superior de la de aquellos que fueron reclasificados, a pesar de estar enmarcados en la misma categoría y desempeñar idénticas funciones.

Los propios informes presentados por el Gobierno de Aragón en este caso reconocen la  posibilidad de que se produzcan “agravios” como el que sufre este funcionario de la localidad altoaragonesa, mientras que desde el Ayuntamiento hablan de una “dudosa técnica jurídica utilizada en esta Ley”. Por todo ello, el Justicia reclama a la DGA una modificación de la normativa que elimine estas diferencias salariales ya que “pueden estar vulnerando derechos individuales o colectivos de los ciudadanos”.