La Guardia Civil atribuye a dos vecinos de Épila la comisión de 33 robos en la provincia

La Guardia Civil acaba de dar por cerrada la denominada Operación Caballo de Troya, que se puso en marcha el pasado mes de febrero con la detención de dos vecinos de Épila –uno de ellos, menor de edad– y ha permitido esclarecer 33 robos perpetrados en cinco comarcas de la provincia. Según informó ayer la Comandancia de Zaragoza, los delincuentes cometieron la mayoría de los asaltos en fincas agrícolas, casetas y segundas viviendas de su misma localidad. Sin embargo, los investigadores también les imputan numerosos robos denunciados en las comarcas de la Ribera Alta del Ebro, Cinco Villas, Campo de Borja, Valdejalón y el Aranda.

Para vincular a estos detenidos con los 33 asaltos han resultado fundamentales tanto las denuncias que presentaron en su día los perjudicados, como su posterior paso como dependencias de la Guardia Civil para identificar los objetos robados recuperados. De ahí que la Guardia Civil reitere a las víctimas de este tipo de delitos la importancia de facilitar la mayor información posible sobre los robos. Aunque en un principio se atribuían a esta pareja de delincuentes 15 golpes, la colaboración ciudadana ha posibilitado sumar a la lista otros 18.Sorprendidos in fraganti

La investigación que ahora se ha dado por concluida comenzó el pasado 23 de febrero, cuando una patrulla del destacamento de Tráfico de Tarazona se percató de la presencia de un vehículo aparcado en una explanada junto a la 

A-121. Al ver que los agentes se detenían, dos varones se subieron rápidamente al turismo y emprendieron la huida por los caminos en dirección hacia Épila. El coche patrulla salió tras ellos, lo que hizo que los fugados aumentaran la velocidad y, tras varios giros bruscos, terminaran saliéndose de la vía. De hecho, los propios guardias civiles tuvieron que socorrer a los delincuentes y solicitar una ambulancia.

Una vez asistidos los ocupantes, la Guardia Civil inspeccionó su vehículo y comprobó que en el interior transportaban cable de cobre pelado y numerosos objetos de latón. Los detenidos no pudieron acreditar que eran suyos, por lo que, al sospechar que podían ser robados y que el botín podía ser mayor se decidió registrar también sus respectivos domicilios.Como presumían los funcionarios, en ellos encontraron más de una tonelada de objetos de ilícita procedencia: entre ellos, además de cobre, tres motosierras, cuatro cizallas, una fumigadora, seis radiales, un compresor, dos motocicletas, así como un ordenador y una televisión.

Según los investigadores de la Guardia Civil, los dos detenidos almacenaban el material en sus viviendas para venderlo después, en el caso del cobre y los objetos metálicos, a diferentes chatarrerías y empresas de reciclado.