Cierran tres años una chatarrería y condenan a prisión a los dueños por comprar cobre robado

La titular del Juzgado de lo Penal número 6 de Zaragoza ha condenado a dos chatarreros de Cuarte de Huerva a penas de dos años de prisión y al pago de sendas multas de 3.240 euros por un delito de receptación de cobre robado. Además, en una novedosa sentencia, ordena la clausura de su negocio por un periodo de tres años y multa con 5.400 euros a Recuperación de Hierros y Metales Cuarte, sociedad de los acusados. Estos dos, Javier Mauricio Cadavid y José Luis Santamaría Carrasco, deberán indemnizar al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y a Red Eléctrica de España S. A. (REE) con 9.300 y 5.665 euros, respectivamente. Las cantidades responden solo a la parte del material robado que se encontró en poder de los inculpados y que se pudo demostrar que procedía de las instalaciones ferroviarias o eléctricas de las dos compañías denunciantes.

La sentencia considera probado que los condenados, socios y propietarios de la chatarrería, se dedicaban a adquirir cobre de procedencia ilícita, a sabiendas de que era robado. Para almacenarlo, alquilaron una nave en el polígono Valdeconejos, en la calle de Peña Oroel, a 500 metros de su empresa, aunque el contrato de alquiler figuraba a nombre de un empleado, para no levantar sospechas, según el fallo judicial.

El 12 de mayo de 2011, la Guardia Civil encontró en esta nave una báscula de pesaje industrial y 18 sacas que contenían cobre de primera calidad clasificado por diferentes tipos de estructura, grosor y aspecto, con un peso total de 14.721 kilos. Parte del cable contenido en dos sacas fue reconocido por el representante de ADIF como hilo de contacto de catenaria utilizado en líneas de ferrocarril convencionales. Por su lado, el técnico de Red Eléctrica Española identificó otras dos sacas que contenían cobre utilizado en la red de tierra de subestaciones eléctricas. Concretamente ese procedía de la subestación del barrio zaragozano de Peñaflor y había sido sustraído el 3 y el 8 de marzo del mencionado año. El primer días robaron cobre que estaba instalado en los equipos de alta tensión y, el segundo, se llevaron el de las bobinas.

Los agentes encontraron en la nave principal de la empresa otra saca con 370 kilos de cobre, sin ninguna factura que justificara su procedencia. En total, el metal requisado pesó 15.091 kilos y tenía un precio de compra de 70.449 euros, si bien el de venta habría sido de 90.546 euros.

El perjuicio causado a ADIF, empresa pública representada por la letrada Belén Tambo, ascendió a 16.673 euros, mientras que el sufrido por REE, defendida por la abogada Nuria Serrano, se valoró en 76.453. Sin embargo, la juez considera que no procede condenar a los acusados a reparar los daños originados en las instalaciones puesto que la condena no es por robo con fuerza sino por comprar el material sustraído por otros.