Tres diputados laboristas y un lord serán procesados por abusar de gastos parlamentarios

Tres diputados laboristas de la Cámara de los Comunes y un miembro conservador de la Cámara de los Lores se enfrentarán a cargos penales en relación con los gastos cuya devolución reclamaron en virtud de su escaño, según anunció ayer el director de Juicios Públicos, Keir Starmer.

 

Los cuatro parlamentarios británicos -Elliot Morley, Jim Devine, David Chaytor y lord Hanningfield- se enfrentarán a cargos en virtud de la Ley de Robo, informó la BBC. Todos ellos rechazaron, en un comunicado conjunto, los cargos y aseguraron que se defenderán "con firmeza".

 

La Policía británica ha estado investigando varios casos concretos desde que saltó a la luz en mayo el escándalo de los abusos cometidos por los políticos a la hora de reclamar determinados gastos en virtud de su estatus como parlamentarios.

 

En un anuncio ante la sede del Servicio de la Fiscalía de la Corona, Starmen indicó que los casos han sido revisados minuciosamente tanto por abogados de la Corona como por expertos penales externos.

 

"En cuatro casos, hemos llegado a la conclusión de que hay suficientes pruebas para presentar cargos penales y que va en interés de los ciudadanos acusar a los individuos concernidos", explicó.

Otro posible caso

"Consecuentemente, se han conseguido citaciones en estos casos del Tribunal de Magistrados de Westminster y serán entregadas a estos individuos en cuestión", remachó Starmen, que aclaró que todavía se está investigando otro posible caso.

 

Jim Devine aseguró a Sky News que está "angustiado" por los cargos, que podrían suponerle siete años en prisión. Al diputado laborista se le acusa de que entre julio de 2008 y abril de 2009 reclamó de forma injusta 3.240 libras (3.711 euros) por servicios de limpieza utilizando facturas falsas, y de que en marzo de 2009 también reclamó con facturas falsas 5.505 libras (6.306 euros) por material de escritorio.

 

A lord Hanningfield se le acusa de reclamar gastos por estancias nocturnas en Londres cuando los registros demuestran que regresó a su casa, mientras que al ex secretario de Agricultura Elliot Morley se le acusa de reclamar de forma deshonesta 14.428 libras (16.534 euros) entre abril de 2004 y febrero de 2006 por gastos de hipoteca por una casa, y por reclamar entre marzo de 2006 y noviembre de 2007 gastos de hipoteca sobre la misma casa por valor de otras 16.000 libras (18.335 euros) cuando la hipoteca ya había sido saldada.

 

Según el informe oficial de la auditoría de los gastos llevada a cabo por sir Thomas Legg, un total de 390 parlamentarios -más de la mitad del total- deberán devolver 1,12 millones de libras (1,28 millones de euros) por los gastos de más que reclamaron en relación con sus segundas viviendas. De esta cantidad, unas 800.000 libras (917.131 euros) ya han sido devueltas.

La Policía investigaba desde mayo pasado una serie de casos en relación con este escándalo, destapado por el diario 'The Daily Telegraph'.

Una casa para patos

El rotativo sacó a la luz que más de la mitad de los parlamentarios británicos habían abusado de las dietas a las que tienen derecho para hacer frente a los gastos derivados de tener que trasladarse a Londres desde su circunscripción y de gestionar su escaño.

 

Se descubrió, por ejemplo, el caso de parlamentarios que reclamaban una compensación por el pago de una hipoteca cuando ya habían dejado de pagarla o episodios tan grotescos como el del empleo de estos fondos públicos para que un diputado millonario costeara una casa para patos en su casa de campo.

Películas porno

El dinero público se empleó también para pagar el alquiler a familiares, arreglar jardines particulares, amueblar domicilios, mantener pistas de tenis y piscinas, comprar pañales y alquilar películas porno, en un escándalo que ha dañado seriamente la reputación del Parlamento de Westminster ante los ciudadanos.

Tras una revisión, la mayoría de los parlamentarios que incurrieron en irregularidades tendrá que devolver el dinero -con cantidades de hasta 50.000 euros-, pero Keir Starmer afirmó que en cuatro casos es necesario un proceso judicial para depurar responsabilidades penales.

 

En su informe de la investigación, Legg indicó que las reglas relativas a las dietas eran "vagas" y no había "transparencia" y explicó que la investigación fue difícil por la "falta de pruebas apropiadas" que fundamentasen los gastos, sobre todo en lo relativo al pago de intereses hipotecarios de sus viviendas.