La pena de muerte no funciona en California

El sistema para la aplicación de la sentencia de muerte en California es "disfuncional" y está "cerca de colapsar", según las conclusiones del informe publicado por una comisión especial que analizó los procesamientos de pena capital.

Este grupo de trabajo aseguró que sería necesario doblar la inversión del Estado para estos procesos en caso de que quiera mantener la actual legislación, si bien ofreció como alternativa modificar la ley para ahorrar costes.

Entre las soluciones propuestas destacó la restricción de los requisitos que hacen que una persona pueda ser condenada a morir o la sustitución de la pena capital por cadena perpetua en situación de aislamiento.

El estudio constató que California es el estado con un mayor número de presos en el corredor de la muerte (670) en EE.UU. y donde más se retrasan las ejecuciones, entre 20 y 25 años, alrededor de una década más que la media nacional -12 años-.

Los miembros de la Comisión para una Administración de Justicia Justa, que elaboraron el informe, coincidieron a la hora de achacar el mal funcionamiento del sistema a la burocracia y la falta de personal y de medios.

Falta de respeto a la ley

"El fracaso en la aplicación de la pena de muerte en California es una falta de respeto a la ley, incrementa el coste de los procesos, debilita los posibles beneficios disuasorios de la pena capital, y aumenta el sufrimiento de las familias de las víctimas", se explicó en el informe.

 

Los comisionados estimaron el coste actual que suponen a las arcas públicas los procesos de pena de muerte en 137 millones de dólares al año, una cantidad que calificaron de "insuficiente" para el buen funcionamiento de la ley creada en 1978.

California debería incrementar su gasto hasta más de 230 millones de dólares anuales para ponerse al nivel de la media nacional en retraso de ejecuciones, según el texto.

Recortar gastos

Ante la deuda que sufre el Estado, la comisión, sin embargo, sugirió para terminar con los problemas del sistema y recortar gastos, la sustitución de la pena de muerte por cadena perpetua, que bajaría la factura judicial californiana en alrededor de 100 millones de dólares por año.

"Los retrasos causan cientos de millones de dólares en gastos de los impuestos de los contribuyentes", afirma el documento denominado "Informe y recomendaciones para la aplicación de la pena de muerte en California".

Asimismo, se apostó por la creación de un órgano permanente que evalúe el funcionamiento del sistema y dé a conocer sus conclusiones una vez al año.

Desde la restauración de la pena capital en California en 1978, 13 reos fueron ejecutados, 14 se suicidaron, 38 fallecieron por causas naturales en prisión y 98 abandonaron el corredor de la muerte porque sus sentencias fueron revocadas.

Durante la elaboración de este informe, los miembros de la comisión, que admitieron estar divididos a favor y en contra de la pena capital, manifestaron que no encontraron "evidencia creíble" de que el Estado hubiese ejecutado a un inocente, si bien, asumieron que existe un riesgo real de que esto ocurra.