Dos reporteras arrestadas por informar del 'caso Amini' vuelven a desafiar al Gobierno iraní
Las periodistas posaron sin el hiyab a la salida de la cárcel tras ser dejadas en libertad bajo fianza.
Solo veinticuatro horas después de ser liberadas de prisión bajo fianza, dos periodistas iraníes han vuelto a ser denunciadas ante la Justicia por no llevar el velo islámico. Las reporteras que habían ayudado a hacer pública la muerte de la joven kurda Mahsa Amini en 2022 -detenida por la Policía de la Moral precisamente por llevar mal puesto el hiyab- posaron el domingo sin él a la salida de la cárcel en la que habían permanecido diecisiete meses encerradas.
Niloufar Hamedi, de 31 años, y Elaheh Mohammadi, de 36, habían sido condenadas a seis y siete años por haber informado sobre el fallecimiento bajo custodia de Amini. Entonces fueron acusadas de colaborar con Estados Unidos, conspirar contra la seguridad nacional y hacer propaganda contra la República Islámica. Hamedi reveló el caso. Mohammadi, por su parte, cubrió el funeral de la joven de 22 años. Ante la oleada de protestas que se desataron en el país persa, las sentencias de las periodistas fueron las más altas de unos ochenta reporteros detenidos por causas similares y que ya han sido dejados en libertad bajo fianza.
Una fotografía de las dos con la cabeza descubierta fue publicada en redes sociales, lo que motivó que la autoridad judicial de Teherán anunciara la apertura de una nueva investigación. Hamedi y Mohammadi abonaron el equivalente a 178.000 euros de fianza y tienen prohibido abandonar el país.
Narges Mohammadi
La persecución del régimen de los ayatolás a los activistas también se ha ensañado con la ganadora del premio Nobel de la Paz en 2023, Narges Mohammadi. Encarcelada en la capital iraní desde 2021, este lunes fue condenada a quince meses de prisión y dos años de exilio por "propaganda" contra la República Islámica. Ésta es la quinta sentencia para la defensora de los derechos humanos, de 51 años, que además está vetada de participar en grupos políticos y sociales y usar su móvil.
La activista había denunciado en los últimos meses a los tribunales revolucionarios -creados especialmente por el Gobierno para juzgar a los participantes en las protestas por la muerte de Amini-, por emitir penas de muerte a los manifestantes y mencionó al joven de 23 años Mohsen Shekari, el primero de ellos que fue ejecutado por apuñalar a un miliciano islámico durante las marchas.
