Atentados, secuestros de policías y fugas de presos sumen a Ecuador en la anarquía

No hay día azul en Ecuador. Todos son rojos. Las portadas de los medios de comunicación parecen escritas con sangre. El país, que hace muy pocos años era un remanso de paz, es hoy el más violento de América Latina. Vive el terror de la inseguridad provocada por el narcotráfico y la delincuencia. En 2023 se produjeron más de 7.000 asesinatos. Esta cifra se ha quedado ya pequeña porque la espiral de violencia desconoce la palabra tregua. No la hubo en Navidad. Tampoco para recibir el 2024. Las muertes se acercan ya a las 8.000. Lo más parecido al infierno.

Nada ha cambiado. Ni siquiera con el estado de excepción y el toque de queda nocturno decretados por el presidente, Daniel Noboa. Se repiten los atentados con explosivos, los secuestros de policías, los niños se ven obligados a seguir las clases de forma telemática y los presos se fugan de las cárceles sin que nadie se lo impida. Entre los últimos evadidos se encuentra Adolfo Macías 'Fito', líder de la banda criminal Los Choneros, que cumplía una condena de 34 años, uno de los grandes responsables de la ola de violencia.

Noboa, exlegislador e hijo de uno de los hombres más ricos del país, asumió el cargo en noviembre con la promesa de recuperar el orden. Pero se siente impotente y ha vuelto a recurrir a herramientas excepcionales -como el despliegue del ejército- que ya dieron escaso rédito a su predecesor, Guillermo Lasso.

El nuevo presidente ha dicho que no negociará con «terroristas» y ha atribuido los recientes incidentes de violencia carcelaria al plan para construir una nueva prisión de alta seguridad para recluir a los líderes de pandillas. Incluso planea realizar un plebiscito centrado en los esfuerzos de seguridad.

Peticiones de auxilio

Las distintas autoridades locales también están desbordadas y solicitan la presencia de las Fuerzas Armadas en las «instalaciones estratégicas». Así lo reclamó el alcalde de Quito, la capital. Pabel Muñoz cree que Ecuador «atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes» y ante la cual es necesario que el Estado tome las riendas para «precautelar el derecho a la vida».

Es tal la gravedad de la situación que vive el país sudamericano, que la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, habla de «metástasis» del cáncer del tráfico de drogas detectado antes en otras regiones del entorno. Sus palabras se confirmaron hacia las 14.00 horas de ayer cuando un grupo de hombres encapuchados, armados con fusiles y granadas irrumpió en un estudio del canal de la televisión pública TC en Guayaquil mientras se emitía en directo. «No disparen por favor, no disparen», se escuchó decir a una mujer en las imágenes televisadas, mientras otras personas sentadas en el piso se cubren el rostro.

«Estamos en el aire para que sepan que no se juega con la mafia», llegó a proclamar uno de los asaltantes. Apenas unos minutos después, la cadena ha suspendido la emisión de su señal. Algunos de sus periodistas han hecho uso de sus redes sociales o plataformas de mensajería para pedir ayuda a la Policía.

El mal del narco no sólo ha tomado el control de las calles, sino que también se ha expandido por importantes partes del cuerpo administrativo ecuatoriano, entre ellos el expresidente del consejo judicial, Wilman Terán, detenido de forma preventiva por recibir dinero de los principales capos. Junto a él también se acusa a importantes miembros de la judicatura y de distintos organismos oficiales.