"Déjennos en paz", clama el presidente del CGPJ en favor de los jueces y ante Bolaños
En una intervención institucional inaudita, Guilarte avisa de que "ningún poder del Estado puede ser cómplice" del ataque de los secesionistas.
La guerra desatada entre el Gobierno y sus socios de investidura, de un lado, y los jueces, por otro, escribió este viernes uno de sus capítulos más descarnados cuando el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones acusó veladamente a otros "poderes del Estado" de ser "cómplices" con sus "silencios" de los ataques de los independentistas a la magistratura. Lo más delicado del asunto es que Vicente Guilarte efectuó esta dura crítica, otrora impensable en un acto institucional, ante la mirada atenta (y bastante contrariada) del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; y del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. "Déjennos en paz", llegó a clamar Guilarte, al aire pero con destinatarios implícitos, en defensa de los jueces.
Allí, desde la primera fila del acto de entrega de los XVIII Premios anuales del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género este viernes en Madrid, los tres tuvieron que aguantar el inaudito rapapolvo del máximo responsable del órgano de gobierno de los jueces. Guillarte advirtió del "efecto devastador" que tienen los "frecuentes e injustos intentos de deslegitimación del Poder Judicial", protagonizados en ocasiones por "representantes de los poderes públicos a quienes la efímera tribuna de que disponen les facilita la diatriba" como "vimos el martes en el Congreso y en el Senado". Se refería Guilarte a la intervención de la portavoz de Junts en la Cámara baja, Míriam Nogueras, quien aludió a "personajes oscuros" y "personas indecentes" que son "cómplices de la politización de la justicia". Nogueras citó expresamente Manuel Marchena Carlos Lesmes, Concepción Espejel, Carmen Lamela, Pablo Llarena "y tantos otros que en un país normal serían cesados y juzgados de inmediato". En el Senado, el representante de Junts Josep Lluís Cleries acusó a los togados de emprender una "batalla política" para "intentar torpedear" la ley de amnistía, unas acusaciones que, en ese caso sí fueron rebatidas por Bolaños.
Ante este cuestionamiento de los independentistas de las actuaciones judiciales, incentivado por los pactos suscritos por Sánchez con Junts y ERC que tienen en su epicentro la ley de amnistía que borrará la respuesta del Estado de derecho contra el proceso de ruptura de Cataluña con la España constitucional, el presidente del CGPJ aseveró que "ningún poder del Estado puede ser cómplice de estas campañas ni con sus actitudes ni con sus silencios". "Por favor, rebajen la tensión. Déjennos en paz", urgió Guilarte ante los altos representantes institucionales aludidos de forma sobreentendida. Según el responsable del Consejo, cuya renovación lleva un lustro bloqueada por el cisma entre el PSOE y el PP, los ataques de los socios de Pedro Sánchez y la falta de defensa por parte de los otros poderes del Estado "minan la confianza de los ciudadanos en la Justicia". Con su referencia al "silencio", Guilarte vino a hacerse eco del malestar que cunde en la carrera judicial después de que los socialistas que intervenían en el debate del martes en el Congreso dejaran sin respuesta crítica alguna a Nogueras cuando ésta arremetió contra miembros de la Magistratura en la tribuna.
Vaticinio de "choque brutal"
Y al hilo de ese controvertido pleno en la Cámara baja, el presidente del órgano de gobierno de los jueces no dejó pasar la ocasión para reprobar sin tapujos la aprobación por parte del PSOE y sus socios soberanistas de comisiones de investigación parlamentarias sobre la existencia de supuesto 'lawfare' -la 'guerra legal' que el secesionismo atribuye a los tribunales para tratar de acabar con él- en los casos de la llamada 'policía patriótica' bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, los atentados yihadistas de Cataluña -alentando teorías de la conspiración que buscan involucrar al CNI- y el espionaje con Pegasus a dirigentes independentistas, con el hoy president de Generalitat, Pere Aragonès, a la cabeza.
En esa línea, afirmó que ningún juez puede ser emplazado por comisión alguna para justificar su proceder jurisdiccional -los secesionistas ya lo han intentado con Pablo Lucas, el magistrado del Supremo encargado de autorizar o no las escuchas ante posibles actos delictivos- y avisó de que "iniciar esta vía implicaría un choque que se adivina brutal entre poderes del Estado necesariamente llamados al respeto mutuo, nunca a la confrontación . "Y que sin duda perturbaría -advirtió, con gravedad- la atención que el Poder Judicial debe ofrecer a las víctimas para que no lo sean".
Guilarte, con todo, no se quedó ahí, porque apeló, asimismo, a quienes integran el Poder Judicial. "Asumamos también nuestra neutralidad, a menudo distorsionada, pues la independencia judicial es bidireccional: no a las injerencias suyas en lo nuestro, pero tampoco a las nuestras en lo suyo", señaló el presidente de un Consejo en la que la mayoría conservadora se ha erigido en ariete contra el Gobierno con una oposición frontal a la ley de amnistía y contra los ataques por el presunto 'lawfare'.
El jueves, los nueve vocales que integran ese bloque preeminente forzaron que el pleno del CGPJ debata y pueda aprobar un texto mostrando "un claro y rotundo posicionamiento que ponga fin a tal acoso y quiebra del Estado de Derecho". La víspera, solo horas después de los ataques de Nogueras a la Judicatura, el presidente interino del Supremo, Francisco Marín Castán, emitió un comunicado contra el ataque "sin precedentes" de la diputada catalana, que "no se corresponde con los requisitos mínimos de la separación de poderes en un Estado de derecho". Castán suspendió su reunión de ese mismo día con Bolaños ante el mutismo del PSOE ante la intervención de Nogueras. La cita se ha agendado de nuevo para este martes tras una llamada en la que Bolaños insistió en su defensa de los jueces.
